Los padres de un joven de Monzón muerto en un incendio registrado en 2011 en la cárcel de Buenos Aires donde estaba ingresado, aguardan una respuesta del Defensor del Pueblo respecto a su petición de apoyo a una reforma legal que permita controlar a las personas con discapacidad intelectual.

A la espera del juicio a celebrar en Argentina contra un grupo de funcionarios de la prisión donde ocurrieron los hechos, los padres esperan que desde la oficina del Defensor del Pueblo se materialice su compromiso de un estudio jurídico para la puesta en marcha de un programa de atención especial para discapacitados intelectuales.

Una espera, ha asegurado la madre del joven fallecido, Roser Ríos, que se prolonga ya por espacio de dos años, sin haber obtenido desde entonces ninguna otra comunicación desde dicha institución sobre el desarrollo del referido estudio.

Hace dos años, desde el gabinete del Defensor del Pueblo se informó a los padres del joven David Díaz Ríos por medio de un correo electrónico de que a la conclusión del estudio se evaluaría la posibilidad de intervención de la institución en el "ámbito de sus competencias".

Desde entonces, estos padres, que mantienen una lucha activa tanto ante la justicia argentina como ante la administración española en defensa de su reivindicación, se mantienen a la espera tanto de la resolución de su caso como de una iniciativa con la que pretenden que no se produzcan otros nuevos.

El joven David Díaz, con una discapacidad intelectual del 49%, falleció la madrugada del 31 de mayo de 2011 en el pabellón penitenciario psiquiátrico de la cárcel bonaerense en la que fue ingresado, tras ser detenido unos días antes en el aeropuerto de la capital argentina por presunto tráfico de drogas.

El incendio, según refleja el auto de procesamiento de los funcionarios, fue causado por un interno de una celda contigua que disponía de medios para fumar sin ningún tipo de vigilancia.

Los investigadores acreditaron que en la unidad donde estaba ingresado el joven de Monzón no se cumplían con las normas ni se vigilaba que los internos se sirvieran de mecheros para fumar.

La madre de este joven se muestra convencida de que su hijo fue captado por una organización criminal que se sirve personas con discapacidad intelectual o de ancianos para transportar droga desde Sudamérica hasta España.

Por esta razón, reclama insistentemente una reforma legal que permita la creación de una base de datos para controlar a personas como su hijo a la hora de sacar un billete para viajar a un país extranjero.

Los padres del joven, que no pudieron impedir que su hijo se independizara al cumplir la mayoría de edad y se fuera a vivir con su novia a Lérida, solicitan, asimismo, un endurecimiento de las condenas a las personas que se sirven de discapacitados psíquicos con fines delictivos, una situación que, a su juicio, se da con "cierta frecuencia".