​Sijena lamenta el desafío de la Generalitat al blindar bienes del monasterio

El letrado de este municipio ?ve en esta actuación una "acción desesperada" tras el traslado de la cuna de plata.

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) ha lamentado el "desafío en toda regla" lanzado por la Generalitat a los tribunales de justicia al acordar el consejo ejecutivo de su gobierno que los bienes del monasterio depositados en Cataluña no pueden salir del territorio sin su autorización.


El letrado de este municipio, Jorge Español, señala que el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo dejó en manos del Juzgado de Instrucción 1 de Huesca la ejecución de la sentencia que ordena restituir a su emplazamiento original 97 piezas del tesoro histórico-artístico del cenobio.


Advierte, además, de que la decisión del gobierno catalán es contraria a lo acordado en mayo de 2015 por el Tribunal Supremo al declarar que la catalogación catalana de los 113 bienes de las parroquias aragonesas carece de eficacia jurídica y se limita a ser provisional hasta que su propietario las reclame.


Esta misma situación, añade, afecta a los bienes del Monasterio de Sijena, cuya venta a la Generalitat anuló el juzgado oscense en una sentencia pendiente de ejecución en la que se argumenta que las piezas reclamadas forman parte indivisible del conjunto monumental.


El abogado, que ve en esta actuación una "acción desesperada" tras el traslado de la cuna de plata del monasterio a Aragón, destaca que el gobierno catalán está "obligado" a cumplir la referida sentencia ya que podría incurrir, en caso contrario, en presuntos delitos de usurpación de funciones y de desobediencia.


Añade que una vez resueltos los incidentes de oposición a la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de las piezas, la titular del juzgado oscense, en caso de desestimar estas iniciativas, debe reservarse ejercitar acciones penales por si la actuación de la Generalitat pudiera ser constitutiva de delito.


Desde Sijena se considera que con esta decisión, el Gobierno catalán trata de impedir el cumplimiento de la referida sentencia, y que el traslado de las piezas requerirá la intervención de fuerzas policiales.

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