Despliega el menú
Aragón

AGUA

Gobierno y Generalitat pactan iniciar en mayo las obras del trasvase a Barcelona

La tubería de la transferencia será permanente, costará 180 millones y se usará "en casos de extrema sequía".

El Gobierno central y la Generalitat catalana sellaron ayer un pacto para iniciar en mayo las obras de prolongación del llamado "minitrasvase" del Ebro a Tarragona con el fin de aportar unos cincuenta hectómetros cúbicos de agua al área metropolitana de Barcelona procedente de los excedentes de los regantes del Delta. En la actualidad, el Consorcio de Aguas de Tarragona paga a los regantes una concesión de 120 hm3 anuales, pero sólo se utilizan, por término medio, alrededor de setenta.

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y el consejero catalán del ramo, Francesc Baltasar, destacaron tras la reunión de dos horas que mantuvieron junto al presidente de la Generalitat, José Montilla, que se trata de una medida "provisional" y de "emergencia" que no "restará ni una gota más de agua del río" ni afectará a su caudal ni tendrá afecciones ambientales.

Sin embargo, en la rueda de prensa se confirmó que la conducción que se construirá, de 62 kilómetros de longitud y que discurrirá en su mayor parte en paralelo a la autopista A-7, será permanente y se podrá volver a utilizar, mediante un decreto-ley que lo autorice, si se produce una nueva situación "de extrema sequía".

Más extracción de caudales

Por otra parte, la detracción de caudales del Ebro aumentará sin ningún género de dudas cuando el proyecto sea una realidad. A los setenta hectómetros cúbicos que actualmente consumen los clientes del Consorcio de Aguas de Tarragona habrá que sumar la nueva aportación a la Ciudad Condal, que será de entre cuarenta y cincuenta hectómetros. La concesión será la misma, 120 hm3, y marcará el tope de la extracción de caudales, pero el agua que efectivamente salga del cauce por la toma del ministrasvase (ubicada aguas abajo de Tortosa), será casi el doble que ahora.

Los responsables de Medio Ambiente del Gobierno y la Generalitat, que rechazaron que se pueda denominar "trasvase" a esta actuación, explicaron que el Consejo de Ministros rubricará este viernes el decreto para aprobarla. El coste de la conducción, que en su mayor parte estará soterrada, será de unos 180 millones de euros, que se financiarán con el paquete de inversiones previstas en la disposición adicional tercera del nuevo Estatuto catalán. Es decir, que correrán por cuenta del Ejecutivo central.

Seis meses de tabajos

Las obras finalizarán en un período de seis meses, de manera que puedan entrar en funcionamiento en octubre, justo cuando están planificadas las primeras restricciones de agua para la población barcelonesa en caso de que la lluvia no lo remedie antes.

El acuerdo incluye, además, la inversión de 24 millones de euros destinados a acelerar un plan de mejora de los regadíos de la zona del Delta del Ebro con el objetivo de ayudar a aprovechar al máximo los excedentes de aguas de los regantes de Tarragona.

Tanto la ministra como el consejero negaron categóricamente que el proyecto sea un trasvase. "Si mantenemos el caudal constante que tenemos hoy, no estamos hablando de ningún trasvase", aseguró Espinosa, quien agregó que se trata de "medidas excepcionales" como las que ya fueron adoptadas para las comunidades autónomas de Valencia y Murcia "con fórmulas similares cuando pasaron el año pasado por situaciones parecidas".

La responsable ministerial destacó que se trata de "inversiones muy fuertes precisamente para ahorrar agua" y comparó sucesivamente las obras que se van acometer con el aprovechamiento de "una cañería que pierde".

Regantes y ecologistas

La Federación de Regantes y Usuarios de la Cuenca del Ebro acordó ayer en sesión extraordinaria reiterar su oposición al trasvase de caudales del Ebro a Barcelona y solicitar una entrevista con la ministra Elena Espinosa, para defender su postura. La entidad que preside el oscense César Trillo, comunicó en una nota de prensa la ratificación del acuerdo adoptado el pasado mes de marzo por su asamblea general para oponerse "expresamente" a cualquier transferencia de agua del Ebro a otras cuencas.

El acuerdo se sustentó en la situación de sequía que atraviesan distintas zonas regables de la cuenca del Ebro, que, según afirmó Trillo tras la asamblea, "están muriéndose de sed". Los regantes consideran que la "gestión" de la sequía por el Gobierno para hacer frente a esta situación no constituye una solución, rechazan que Aragón sea una cuenca "excedentaria" y reclaman la ejecución de las obras de regulación pendientes en la cuenca del Ebro.

Además, las entidades ecologistas y la Plataforma en Defensa del Ebro de Cataluña mostraron su rechazo al proyecto. Desde la Plataforma se habló de "menosprecio, engaño y traición".

Etiquetas