Garcés impondrá límites a las ayudas públicas para poner fin a los "abusos"

El consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, Mario Garcés, ha anunciado su intención de "poner límites" a las ayudas y subvenciones públicas con el fin de poner fin a los "abusos" que se producen en la justificación de gastos por parte tanto de entidades públicas como privadas.

El consejero ha hecho esta afirmación a los medios de comunicación tras mantener una primera reunión con los sindicatos UGT, CC. OO. y CSI-CSIF, convocada para exponerles las principales líneas de acción de su departamento en materia de empleo público.

Garcés ha enmarcado esta iniciativa en las medidas incluidas en el Plan de Racionalización del Gasto Corriente establecido por el Gobierno aragonés para reducir el déficit público en la Administración autonómica.

Ha destacado que la imposición de límites no se dirige en última instancia a reducir las ayudas públicas, sino a establecer reglas jurídicas y administrativas para limitar los gastos subvencionables y evitar posibles abusos.

Con estas medidas, según ha explicado, no solamente "nadie va a poder presentar una factura de comida con cargo a una subvención", sino que los desplazamientos de trabajadores de empresas perceptoras de ayudas tendrán que realizarse en clase turista.

Ha añadido, además, que el Gobierno aragonés "no va seguir financiando el exceso de retribución de algunos trabajadores o directivos de empresas beneficiarias de subvenciones que están cobrando cantidades fuera de mercado".

"Por ejemplo -ha añadido-, a un señor que cobre de su empresa 200.000 euros al año, una subvención no le va a financiar la totalidad de esta cantidad, como ha ocurrido hasta ahora".

En su opinión, "no podemos establecer unos límites de gastos en las administraciones públicas y no exigir un esfuerzo parejo a los beneficiarios públicos y privados de estas ayudas".

En cuanto a las líneas generales establecidas para contener el gasto público en la Comunidad, Garcés ha defendido las retenciones de crédito acordadas este martes, aunque ha advertido que llegar al objetivo de estabilidad del 1,3 por ciento de déficit "es imposible".

Ha comentado que estas retenciones de crédito suponen "una décima y media" del PIB regional, una cantidad que, en su opinión, "no da margen para cumplir el objetivo de estabilidad".

El consejero ha admitido que el Ejecutivo autónomo carece de más margen para reducir el déficit en la Administración aragonesa, y ha garantizado que, en cualquier caso, no se van a producir recortes en el capítulo I de gastos de personal, al que se destinan 2.000 de los 5.200 millones de euros presupuestados.

El objetivo del Gobierno aragonés es reducir en dos o tres décimas la previsión de déficit acumulado a finales de este año, que se situará, según ha comentado, en un 2,6 o en un 2,7 por ciento.

Ha destacado a este respecto que esta reducción dependerá, asimismo, del funcionamiento de los ingresos durante el último cuatrimestre del año y de las medidas acordadas por el Gobierno central para incentivar el mercado de las transacciones inmobiliarias".

En relación a estas medidas, el consejero se ha mostrado escéptico al asegurar que "medidas excepcionales a cuatro meses de terminar el año y a dos meses y medio de unas elecciones generales, creo que no van a provocar incentivos ni en el mercado ni en los ciudadanos".