Funcionarios resignados en tiempos de vacas flacas

El debate no es nuevo, pero el anuncio del recorte salarial a los funcionarios ha vuelto a poner a este colectivo en el punto de mira. Muchos de ellos sienten que ahora se les culpa del despilfarro como si la solución de la crisis tuviera que arrollarles sin remedio en forma de un decreto ley pergeñado aprisa y corriendo.

Frente a la imagen del funcionario que se escaquea, que solo pone pegas al ciudadano desde una ventanilla, vale de poco que no sean tantos como en otros países europeos (nada que ver con los porcentajes de los países nórdicos), que algunos de ellos sean mileuristas o poco más que eso o que su labor sea una pieza importante del Estado del bienestar.

Vicente Pinilla, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza, alude a una reciente encuesta en la que se recogía que la mayoría de la sociedad apoya reducir los sueldos de los jueces. "¿También de los bomberos, de los cirujanos...?", se pregunta Pinilla. Cuando uno habla de funcionarios se suele olvidar de la Educación, la Sanidad...

Para este profesor, la clave se llama graduación, que es también la mejor defensa para la subsistencia del sistema. En contra de lo que pudiera parecer, el Estado del bienestar no tiene un coste a largo plazo en el crecimiento del PIB. Al menos, eso es lo que dicen los estudios realizados. A diferencia de lo que ocurre en países como EE. UU. a través del llamado 'welfare', no hay una población que de forma permanente subsista a través de las prestaciones del Estado. Por ejemplo, el cobro del desempleo tiene un plazo, que se puede modular tanto en el tiempo como en su cantidad en función de las circunstancias.

Hay que racionalizar el gasto, sin duda. Todos los expertos consultados coinciden en algo que parece evidente sobre el papel pero que no debe serlo tanto en la práctica de las administraciones.

"De por sí no es mala la existencia de varios niveles de administración" dice Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. Unas administraciones tienen justificación económica y otras política, pero en cualquier caso lo que hay que evitar es el "solapamiento entre niveles", dice López Laborda. Teniendo en cuenta lo que pasa en otros países, el abanico de administraciones es amplísimo.

El problema no está tanto en las competencias de cada administración sino hay duplicidad, sino en las estructuras orgánicas, en la creación de instituciones en cada una de ellas. La coordinación es una de las claves necesarias para la eficacia de nuestro sistema administrativo. "No destacamos en el número de funcionarios. No hay muchos -asegura López Laborda- pero lo que sí ha habido en estos últimos 30 años ha sido una sustitución, una redistribución interna entre administraciones". "Hay que elegir qué Estado del bienestar queremos", dice López Laborda. Y ser responsables de nuestra elección, claro.

"Sobredimensionado"

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, Ángel Garcés, distingue entre los funcionarios y el sector público. Para Garcés, el sector público está "sobredimensionado" en España y apunta en concreto a las empresas públicas, tanto autonómicas como estatales, que además apenas cuentan con controles. Aquí incluye también aquellas empresas que ejercen el monopolio de un servicio público, como puede ser el caso de Tuzsa.

Una cosa es el número de funcionarios, que en España está por debajo de la media de la UE, y otra el exagerado sector público, que no suponen otra es una huida del Derecho Administrativo. No hay más funcionarios que en Francia, por ejemplo, pero destaca la cantidad de televisiones públicas que hay en toda España a diferencia de lo que pasa en el país vecino.

Además, Garcés considera que hay una duplicidad de administraciones. ¿Estamos en condiciones de permitirnos esta estructura administrativa? Garcés piensa que es "insostenible" y lo vincula a la reglamentación exagerada que define nuestra sociedad.