Donde dije digo, digo Diego. Esta es la política que aplica el Ministerio de Fomento con la línea de Canfranc, cuya renovación de la vía es uno de los primeros proyectos damnificados por el recorte inversor en Aragón. De poco ha servido que hace algo más de un mes firmara con Francia el compromiso de estudiar la reapertura del túnel internacional o que hace solo unos días reafirmara su compromiso con una travesía ferroviaria por el Pirineo central. Sin hacerlo público, acaba de anular la adjudicación del primer tramo, entre la estación de Santa María y La Peña y Anzánigo, y retrasa sine díe el resto de renovación del corredor, desde Huesca hasta Canfranc, en el que iba a invertir 10 millones de euros.

Fuentes oficiales del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) confirmaron ayer a este diario que la renovación programada hace tan solo cuatro meses acaba de caer en el cajón de los olvidos no se sabe por cuánto tiempo por el 'tijeretazo' de Fomento. Eso sí, optaron por utilizar los eufemismos para suavizar la medida aplicada: "Se ha decidido reprogramar las actuaciones previstas, pero esto no significa que no se vayan a hacer más adelante".

La "reprogramación" fue lo único de lo que pudo informar este ente público dependiente de Fomento, ya que no supieron aclarar siquiera hasta cuándo durará el parón de las obras de renovación planificadas.

Fuentes ferroviarias señalaron que la renovación del primer tramo, entre la estación de Santa María y La Peña y el túnel anterior a Anzánigo, fue adjudicada esta misma primavera por un importe cercano al millón de euros, pero ya se ha dado orden a la contratista de que ni empiece los trabajos. La pretensión era sustituir las traviesas de madera y los raíles, que en gran parte datan de 1920, con material reciclado de Cataluña para evitar nuevos accidentes y descarrilamientos por el mal estado en el que se encuentra la línea.

En este mismo sector, el personal de ADIF trabaja desde hace dos semanas en la renovación de 500 metros de vía en curva, que incluye un viaducto metálico sobre el río Gállego, una vez pasado el paso a nivel de Santa María y La Peña. Estos trabajos acabarán en julio (el plazo total es de seis semanas) y la planificación oficial era continuar de forma inmediata con la renovación del tramo completo.

Una vez más, el Ministerio de Fomento aparca la modernización de la línea, programada por el ex ministro popular Francisco Álvarez Cascos y que el PSOE ha reducido desde su llegada a La Moncloa a la mejora de la infraestructura entre Caldearenas y Jaca. Y ni siquiera se han reducido los tiempos de recorrido.

Pero este recorte no es el único que se avecina en Aragón, ya que el ministro de Fomento, José Blanco, reiteró ayer la necesidad de plantear el cierre de servicios ferroviarios que apenas logran viajeros porque, dijo, "el mantenimiento de las infraestructuras absorbe muchos recursos que no caen del cielo". Y puso encima de la mesa el coste de mantenimiento de la red, de unos mil millones de euros.

Con motivo de su participación en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Blanco puso por primera vez un ejemplo, la línea Madrid-Burgos, en la que, resaltó, solo la utilizan una media de cuatro pasajeros al día. Pero en su discurso obvió que las líneas convencionales de tren cuestan de mantener una décima parte de las de alta velocidad y que son las únicas que dan cobertura al territorio, puesto que el AVE absorbe ingentes recursos económicos, pasa de largo y solo para en las capitales.

También dijo muy claro que no hay fondos públicos para acometer nuevas líneas de tren en los próximos ocho años, hasta 2017, y que se deberá recurrir a la financiación público-privada para acabar los trazados ya en ejecución.

Si se aplicase su argumentación en Aragón, los servicios ferroviarios regionales correrían un serio peligro. Solo las líneas de Monzón, Caspe y Pamplona, tres de las doce existentes en la Comunidad, lograron ganar viajeros de forma testimonial a lo largo de 2009, mientras el resto continuaron con una sangría que se elevó a más de 77.000 pasajeros. Este número representa un descenso del 3% respecto al año anterior.

Para evitar cierres masivos, José Blanco ya planteó en su comparecencia de mayo ante el Congreso, en la que apuntó el severo recorte que se avecina, que las comunidades deberán aportar más dinero en los convenios para mantener los servicios regionales de Renfe. Aunque su programación haga que sean poco competitivos, estos trenes le cuestan cerca de cinco millones de euros al año a la DGA, que subvenciona expediciones de las líneas de Canfranc, Caspe, Monzón y Teruel-Valencia.