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INFRAESTRUCTURAS

Fomento agravia a Aragón al negar la liberalización de algunos peajes

El Ministerio se niega a aprobar medidas similares en la AP-68 y la AP-2 para no crear un "efecto llamada".

Fomento rechaza liberalizar la AP-2 y la AP-68 para no crear un hipotético "efecto llamada" en el resto de tramos. Sin embargo, el Ministerio sí ha aceptado en los últimos años aplicar descuentos e incluso exenciones completas en el pago de peajes en autopistas de varias comunidades, desde Galicia hasta Andalucía o Cataluña. Mientras, ayuntamientos, sindicatos y empresarios de Aragón siguen insistiendo en que suprimir el paso por ambas infraestructuras hasta que la N-232 y la N-II estén desdobladas constituye la medida más efectiva para evitar nuevas muertes.

Uno de los últimos en hacerse efectivo ha sido el tramo de la AP-4 entre Jerez de la Frontera y Cádiz (en concreto, Puerto Real), de unos 30 kilómetros. En este caso, el Gobierno central autorizó un gasto de 72,3 millones de euros con que compensó a la empresa concesionaria, Aumar, para el periodo entre 2005 y 2019, fecha en que precisamente finaliza la concesión (en Aragón, en la AP-2, esto sucederá en 2021). Los conductores que circulen por esta infraestructura no tendrán que pagar un euro hasta la mencionada fecha. Desde Andalucía, la petición para liberalizar este tramo tenía como justificación que se trataba de la única carretera de pago en la comunidad sin una autovía alternativa. Esto mismo sucede con la AP-68 y la AP-2.

Más recientes incluso son las bonificaciones que el Ejecutivo acaba de conceder -han entrado en vigor este mismo año- para el peaje de la Huerna, en la autopista entre Campomanes y León y que llegan tras tiempo de reivindicaciones asturianas. Así, los descuentos llegan hasta el 50% para los conductores habituales, lo que en este caso supone realizar el trayecto de ida y vuelta más de una vez al mes. El coste para las arcas públicas es asequible: 2,5 millones el primer año, con las subidas equivalentes que se apliquen en años posteriores.

Otro éxito de las movilizaciones vecinales ha sido la liberalización de la AP-1 entre Ameyugo y Armiñón, que desde que se aprobó esta medida hace las funciones de variante en Miranda de Ebro, de donde provenían las reivindicaciones. El tramo, que une las provincias de Burgos y Álava, tiene una longitud de 20 kilómetros.

En Cataluña, y a través de una partida dentro de los Presupuestos Generales del Estado, la Generalitat aplica descuentos en media decena de tramos de autopistas catalanas: Alella, Mollet, Les Fonts, La Llagosta y el túnel de Cadí. Por lo general, aquí las bonificaciones favorecen a los usuarios habituales y a los residentes.

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, también ha beneficiado recientemente a los gallegos en la AP-9, principal eje de comunicaciones de esta comunidad y donde el peaje ha sido suprimido, durante un plazo de 40 años, en los tramos entre Vigo y O Morrazo y entre La Coruña y La Barcala.

Mientras, en Navarra, la comunidad foral impulsa desde principios de año una ambiciosa iniciativa para rebajar el peaje de la autopista que cruza de norte a sur el territorio, la AP-15. Así, para usuarios de la tarjeta Audenasa -de la empresa concesionaria- los descuentos alcanzan el 90%. El acuerdo fue además un buen ejemplo de sintonía política, ya que llegó tras fructificar las negociaciones entre UPN y PSN.

Y, en el País Vasco, la Diputación vizcaína afronta desde este año el millón de euros que cuesta suprimir el peaje de Usansolo, en la A-8, una medida provisional que se aplicará hasta 2012.

En Aragón, sin embargo, Fomento no cede. Hace tres años, en julio de 2005, el Ejecutivo central respondió a una pregunta de CHA sobre la liberalización de la A-2 que ya había formuladas peticiones para "un gran número de tramos y autopistas", y que el "levantamiento de un peaje" no podía considerarse "de forma aislada" por el gran gasto que acarrearía al Estado. Por ello, el Gobierno dejó en manos de las autonomías la asunción de los millonarios costes. La DGA asegura por su parte que intenta negociar con Fomento una fórmula intermedia, porque por sí misma no tiene recursos suficientes para suprimir los peajes.

El único antecedente hay que situarlo a principios de este siglo, cuando el Ministerio aceptó temporalmente desviar una parte del tráfico que cruzaba Fraga por la autopista mientras finalizaban las obras de la variante en esta localidad, que ocasionaron un sinfín de atascos.

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