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OPERACIÓN MOLINOS

La familia de Pinilla defiende la legalidad del dinero encontrado

Un posible nuevo caso de corrupción vuelve a rondar a la alcaldesa al ser imputada, junto con sus hijos, en un supuesto delito de blanqueo de dinero.

De derecha a izquierda, la abogada de la alcaldesa junto a ella y uno de sus hijos
La familia de Pinilla defiende la legalidad del dinero encontrado
TANIA CASTÁN/AGP

La hermana y los dos hijos de la alcaldesa de La Muela, que han declarado ante el juez de La Almunia que investiga el caso de corrupción urbanística en el municipio, han asegurado que el origen del dinero localizado por la policía es absolutamente legal.

A Jorge y Juan Antonio Embarba Pinilla, así como a María Dolores Pinilla, se les imputa un supuesto delito de blanqueo de capitales -vinculado a la Operación Molinos, en la que ya hay implicadas más de 30 personas- y ya declararon por estos hechos el pasado 26 de mayo ante funcionarios de la Policía Nacional.

La alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, ha acompañado a sus dos hijos y a su hermana a los juzgados de La Almunia de Doña Godina, donde han llegado poco después de las 09.20, y ha asegurado, al ser preguntada por los medios de comunicación, que el ánimo lo tenía "muy bien", como "siempre".

A la salida, la letrada de los tres imputados, Xenia Cabello, no ha querido dar detalles sobre el contenido de las declaraciones ante el juez, Alfredo Lajusticia, pero sí ha recalcado que habían ido "muy bien, fantásticamente bien" y que estaban "muy satisfechos".

En este mismo sentido se ha pronunciado Enrique Trebolle, representante legal del empresario Julián de Miguel, otra de las personas imputadas en el caso, quien ha comentado que tanto los hijos de María Victoria Pinilla como su hermana han explicado, a preguntas del juez y de las partes acusadoras, que "los recursos eran legales y no procedían del cargo o de las influencias de la alcaldesa".

"Han estado muy firmes y desde el punto de vista de este letrado lo suficientemente convincentes", ha agregado Trebolle.

Además, ha detallado que les han preguntado sobre el origen del dinero y en líneas generales "han justificado de dónde procedía" y han dicho "que eran ingresos totalmente legales", que "no obedecían al cargo de su madre, de alcaldesa" ni era dinero "que pudiera considerarse ilícito", sino procedente de empresas y recursos legales que ellos habían conseguido.

Trebolle ha dicho que se siente "satisfecho" con estas declaraciones desde el punto de vista procesal y ha avanzado, además, que el juez no ha establecido ninguna medida cautelar y que ahora, en la fase de instrucción, habrá que aportar cierta documentación.

Ni los hijos ni la hermana de Pinilla han querido hacer declaraciones a los numerosos periodistas que se encontraban a las puertas de la sede judicial, aunque han asegurado que se encontraban tranquilos y que las declaraciones habían ido bastante bien.

También han estado acompañados por el hijo mediano de la alcaldesa, Víctor, y su ex marido, Juan Antonio, entre otros familiares y amigos.

En la jornada de hoy también ha declarado el ex director de la sucursal de Cajalón de la Muela, respecto a algunas operaciones llevadas a cabo en esta entidad, aunque ha dejado claro al juez que él entendía que todos los movimientos llevados a cabo eran "absolutamente legales".

El caso se destapó el 18 de marzo de 2009 con la detención de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), y otras diecisiete personas, entre ellas su ex marido y uno de sus hijos; el concejal Carlos Rodrigo Vela, también perteneciente al PAR; el arquitecto municipal y el secretario del Ayuntamiento, además de empresarios de la construcción de La Muela, Zaragoza capital, San Sebastián y Madrid.

En los días y meses posteriores, el juez imputó a más personas supuestamente implicadas en el caso, hasta superar la treintena, aunque sólo tres llegaron a ser encarcelados.

Se trata de la alcaldesa, que abandonó la prisión de Zuera (Zaragoza) después de cuatro meses y tras pagar una fianza de 800.000 euros; el concejal Rodrigo Vela (tres meses en prisión), quien depositó otra fianza de 150.000; y el empresario madrileño José Carlos Fernández, quien salió tras dos meses de prisión bajo finanza de 250.000 euros.

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