Advierten dudas en las propuestas del PAR sobre las diputaciones

Expertos consultados por este periódico consideraron ayer que las dos proposiciones de ley del PAR -una para reordenar las competencias de las administraciones y otra para modificar el sistema de elección de los consejeros comarcales- podrían plantear dudas jurídicas.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José Bermejo, recordó que las diputaciones provinciales tienen "garantía constitucional", aunque recordó que en la última sentencia del Estatuto de Cataluña las demarcaciones históricas catalanas, denominadas veguerías, se reconocieron como entidades con funciones similares a los órganos provinciales. Por eso, las corporaciones que proponen los aragonesistas podrían equipararse. No obstante, avisó de que sería necesaria una ley orgánica para modificar las instituciones.

Además, la concepción que plantea el PAR de las corporaciones provinciales como entidades de representación comarcal (dos consejeros por comarca) y que sustituirían a las diputaciones obligaría, según Bermejo, a modificar la ley electoral. Hay que recordar que esta norma fija el sistema de elección de los diputados provinciales en función del territorio.

También ve problemas en la reordenación de competencias propuesta en función de la población de los municipios. Recordó que existe una ley estatal de régimen local que regula las responsabilidades administrativas y, por tanto, la proposición de ley aragonesista podría chocar con la normativa del Estado. Bermejo sí admitió que la ley estatal regula competencias básicas de realidades administrativa muy distintas.

El catedrático de Derecho Constitucional, Manuel Contreras, también se pronunció sobre la supresión de las diputaciones provinciales. Indicó que "no es constitucionalmente posible, aunque -matizó- otra cosa sería sustituirlas por una institución similar, cosa que quizá fuera posible". Sobre la designación de consejeros comarcales por sufragio universal, a la vez que las elecciones municipales, comentó que no plantea ningún problema jurídico.

Por su parte, fuentes del PAR aseguraron que se ha trabajado muy intensamente en estas propuestas y rechazaron, pese a lo mantenido por los expertos, que puedan plantearse problemas de legalidad.