Estaba en Jaca "desterrado" por la propia dirección de ETA por hablar demasiado y por "presumir" de su pertenencia a la banda. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ordenó ayer el ingreso en prisión del presunto etarra Igor Martín Miño, que fue detenido en Jaca el martes. Lo hizo tras prestar declaración en la Audiencia Nacional durante más de una hora, tras la cual el juez le acusó formalmente de los delitos de integración en banda armada, estragos terroristas y tenencia de explosivos. Fuentes judiciales dan a entender que Martín Miño, de 31 años, no formaba parte de un comando operativo y con órdenes de atentar ya sino que estaba en la localidad oscense "desterrado" por la poca discreción que mantenía en el País Vasco -en concreto en su localidad de origen, Ondárroa- como miembro de ETA.

En este sentido, estas mismas fuentes indicaron ayer que Martín Niño "alardeaba de forma ostentosa" y "presumía" de su pertenencia a la banda armada, lo que obligó a esta a exigirle el traslado forzoso a Jaca, que el presunto etarra, habría asumido. Martín Miño negó ayer ante el juez esta versión de los hechos.

Velasco le acusó además de haber participado en la preparación del atentado con coche bomba que se cometió en la ciudad de Ávila en 2005. Ese atentado conllevó graves daños materiales, pero no hubo víctimas mortales. Ya entonces se planteó que esa actuación fue cometida por un comando legal de ETA, al que según se ha conocido ahora pertenecería Igor Martín.

El paso de Martín Miño ayer en la Audiencia Nacional fue rápido. Llegó tras permanecer detenido dos días en los calabozos de la Ertzaintza, a donde fue conducido tras la detención en Jaca. Tras su declaración ante el juez ayer por la mañana, fue trasladado a una cárcel madrileña, de donde no saldrá ya presumiblemente hasta la celebración del preceptivo juicio.

Igual ha sucedido con Olaitz Lema, que fue detenida en la misma operación que Martín. En su caso, se le acusa de colaboración con banda armada. A Lema, que es la compañera sentimental de Martín Miño, no se le imputa la participación en actos terroristas.

Las dos detenciones fueron la segunda fase de la primera operación contra ETA impulsada por la policía vasca desde que el socialista Patxi López es lehendakari. En la primera fase fueron detenidos siete presuntos miembros de la banda terrorista. De estos, Zunbelt Bedialauneta también fue acusado de participar en el atentado de Ávila, por lo que formaría parte del mismo comando "legal" en el que estaba encuadrado Igor Martín en 2005.

Además, a otros de los siete arrestados les acusan también de los atentados contra la comisaría de Ondárroa en 2008, contra maquinaria de las obras de la alta velocidad en el País Vasco, contra la sede del PSOE en Elgoibar y contra un repetidor de comunicaciones en Azpeitia.

Las nueve personas conformaban, según fuentes judiciales, un grupo dentro de ETA cuya función era la de prestar apoyo a comandos de la banda terrorista de mayor envergadura.

Aunque la operación se ha considerado un éxito en cuanto a los arrestos, ha sido cuestionada por el sindicato policial SUP al considerar "ilegal" la detención que hizo la Ertzaintza en Jaca, porque advierte de que estaban fuera de su jurisdicción y por tanto no podían actuar.

En cualquier caso, la decisión la asumió el propio juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por lo que no es previsible que estas críticas prosperen, aunque sí es seguro que el presunto etarra detenido Martín Niño las incorporará como argumento a su defensa.