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CRISIS EN EL SECTOR DEL CARBÓN

Las eléctricas recurren en el Supremo el decreto del carbón

Las eléctricas critican los efectos negativos de la norma, que, a su juicio, perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado, que serían expulsadas del mercado.

Las compañías piden al Supremo la suspensión cautelar de la norma para que no llegue a aplicarse y, en algún aspecto, incluso la suspensión cautelarísima, que se puede decretar sin escuchar a las partes.

Según las fuentes consultadas, los recursos no van contra el sector de la minería del carbón y su único propósito es hacer frente a los efectos negativos de la norma, que, a juicio de las eléctricas, perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas), que serían expulsadas del mercado.

Además, las eléctricas señalan que el Gobierno ha omitido trámites legales preceptivos, entre otros el dictamen definitivo del Consejo de Estado, lo que "vicia de nulidad" la norma.

Las compañías reclaman que se suspenda de forma cautelarísima la obligación impuesta a las centrales de entregar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una carta de compromiso de compra de carbón nacional.

La norma obliga a las centrales a hacerlo en un plazo de tres días desde que la Secretaría de Estado de Energía fije sus volúmenes máximos de producción anuales.

Las compañías rechazan esta obligación porque, en su opinión, el plazo fijado es muy breve y su cumplimiento causaría efectos irreversibles de forma inmediata.

Fuentes de Iberdrola indicaron que el real decreto atenta contra el libre mercado, incrementará los costes del sistema eléctrico e impedirá a España cumplir sus objetivos medioambientales.

Según la compañía, la Ley del Sector Eléctrico autoriza al Gobierno a fijar procedimientos para promover el consumo de fuentes autóctonas de energía, con un límite del 15 por ciento, pero no le atribuye una potestad incondicional.

A juicio de Iberdrola, la actuación del Ejecutivo debe ser compatible con la libre competencia en el mercado de producción y no alterar los precios.

En la misma línea, el recurso de Endesa asegura que el real decreto es contrario a la libertad de empresa al limitar la libertad de contratación.

En su opinión, el mecanismo previsto en la norma causaría gravísimos perjuicios a la competencia en el mercado eléctrico y afectaría a la formación de precios, a los incentivos a la inversión y al comportamiento estratégico de los agentes.

Según las fuentes jurídicas consultadas, Endesa ha presentado junto al recurso un dictamen pericial que acredita que sus centrales tienen almacenado carbón nacional para más de trescientos días de funcionamiento en la zona de León y para ochocientos días, en la de Teruel.

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