El vicepresidente del PAR y portavoz parlamentario, Alfredo Boné, ha exigido al Gobierno de Aragón explicaciones "claras y urgentes sobre qué, quién, cómo y cuándo" ha respondido a los informes preceptivos solicitados por Madrid sobre los trasvases que se plantean en la Ley de Montes, tal como prevé el Estatuto de Autonomía.

Boné ha lamentado "la falta de información, la pasividad o el caos" en un asunto sensible para Aragón, con nuevos partidos trasvasistas, como Ciudadanos, que "no ocultan sus ansias, mientras que los de siempre juegan en una calculada ambigüedad, que exige no bajar la guardia".

También recuerda que la Comunidad ganó una sentencia del Tribunal Constitucional en defensa del Estatuto de Autonomía con un recurso planteado desde las Cortes de Aragón ante el "desinterés total" del Gobierno de Aragón, que "se negó a presentar ese mismo recurso", informa en una nota de prensa el PAR.

Además, insiste en que las Cortes de Aragón aprobaron, a instancias del PAR, una segunda proposición para que se siga un completo procedimiento para emitir el informe preceptivo, en la misma línea que prevé la nueva Ley de Aguas y Ríos de Aragón.

De hecho, ante la falta de información sobre qué ha hecho el Gobierno de Aragón, la junta de portavoces de la Diputación Permanente aprobó por unanimidad la semana pasada solicitar al Gobierno de Aragón copia de todos los informes que se hayan realizado para responder a las solicitudes de informes que haya solicitado el Gobierno central.

Boné reprocha al gobierno central "la frivolidad, falta de rigor y oportunismo" en este asunto porque primero aprovecharon la Ley de Evaluación Ambiental para convertirla en una "legislación trasvasista impresentable y después piden informe desde el Gobierno central como consecuencia de la sentencia del Constitucional, pero ahora es el PP en el Congreso quien incluye cuestiones del Tajo-Segura mediante la Ley de Montes".

Según las leyes aragonesas vigentes, los informes deben elaborarse por una doble vía: por el Consejo de Ordenación Territorial de Aragón, en cumplimiento de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, y por el propio Gobierno de Aragón, ya que así lo establece la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

No obstante, la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, cuya entrada en vigor está fijada para junio, establece un procedimiento mucho más completo, con informes del Instituto Aragonés del Agua, el Consejo de Ordenación del Territorio, la Dirección General de los Servicios Jurídicos y el Consejo Consultivo de Aragón.

Según la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, los cuatro informes se elevarán al Consejo de Gobierno, que emitirá su parecer, y lo trasladará a las Cortes de Aragón, para su tramitación y aprobación.