El Yak hace historia en la justicia española
El general Vicente Navarro ingresará en la prisión de Alcalá de Henares por un delito de falsedad documental sobre las identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003. La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo acaba de confirmar en toda su integridad las penas impuestas por la Audiencia Nacional. Es decir, los tres años de cárcel impuestos al general Navarro implicará su ingreso inmediato cuando se le notifique el fallo y se haga pública la sentencia.
La peor catástrofe vivida por el Ejército español en tiempos de paz va a hacer historia con la entrada en prisión del primer general en los 33 años de democracia. Cuando se estaba redactando la nota de prensa cruzaba llamadas con el abogado Leopoldo Gay, quien mostró su alegría por la sentencia del Supremo. “Los defensores del caso del Yak no éramos unos locos”, proclamó a los cuatro vientos el letrado defensor de la Asociación de Familias de Víctimas del Yak.
Siete años después de ocurrir los hechos, con dos archivos judiciales a cuestas de la instrucción del sumario por parte de los jueces Teresa Palacios y Fernando Grande-Marlasca, un Gobierno que mintió a sus ciudadanos al entregar 30 muertos que no les pertenecían y un grupo de familiares de los fallecidos que encontró la verdad en Turquía.
La Justicia española ha avalado la actuación de sus homólogos turcos, que facilitaron a la letrada turca Belkis Baysal el 2 de marzo de 2004 la información que 30 de los 62 militares fallecidos no habían sido identificados cuando fueron repatriados por el equipo médico español enviado por el ministro de Defensa, Federico Trillo.
La información adelantada por HERALDO DE ARAGÓN y ‘El País’ provocó una campaña del Ministerio de Defensa enviando cinco cartas a las familias acusándonos de haber actuado con escaso rigor informativo y poco respeto a la memoria de los afectados. El Tribunal Supremo ha confirmado punto por punto la información de este periódico, que optó por llamar al general Vicente Navarro antes de publicarla para ofrecer su versión de los hechos.
El general Navarro fue condenado también al pago de una multa de 1.800 euros y una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias en concepto de responsabilidad civil.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, avisó que si la sentencia se confirmaba se retirarían las condecoraciones que recibieron los generales Navarro y Beltrán por su actuación en Turquía.
Los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez serán condenados también como responsables subsidiarios a 18 meses por la falsedad documental, pero no ingresarán en prisión al no tener antecedentes y no haber sido penado con dos años.
Francisco Cardona, vicepresidente de la Asociación de las Familias de Víctimas del Ya, mostró su satisfacción con la sentencia que reconocía su tesón en la denuncia por la inexistente identificación de 30 de los fallecidos. “Estamos haciendo historia”, manifestó. Él se enteró del accidente de su hijo cuando lo esperaba en la Base de Zaragoza junto a su esposa, Amparo Gil, el 26 de mayo de 2003. Es uno de los nueve cuerpos incinerados a los que ni siquiera se pudo hacer la prueba de ADN para cotejar el error masivo en los fallecidos.
