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Empleo público

El TSJA anula la oferta de empleo de la DGA de 2011

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa recurrió este concurso porque no se incluyeron las vacantes cubiertas por funcionarios interinos.

 "El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado, con fecha 10 de febrero de 2012, una sentencia decisiva para consolidar la línea jurisprudencial abierta hace un año por el Tribunal Supremo, y así restaurar la legalidad constitucional en las Administraciones Públicas", según señala una nota remitida por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. "Dicha sentencia, -prosigue el comunicado- resultado del recurso contencioso planteado por esta Asociación frente al Decreto 83/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2011, determina la obligación de incluir en las Ofertas de Empleo Público la totalidad de los puestos de trabajo ocupados por funcionarios interinos, señalando que su no inclusión supone una vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española a todos los ciudadanos españoles, como ya fue declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 29/10/2010".

Como consecuencia de la tesis ya establecida por el Tribunal Supremo y recogida en la nueva sentencia del TSJA, se anula la Oferta de Empleo Público de 2011, aprobada por el Gobierno de Aragón, al no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por interinos y vulnerar con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública que la Constitución reconoce a los ciudadanos, sostiene la citada Asocaición, que  celebra el fallo obtenido.

A efectos prácticos, esto supone que la DGA deberá convocar las plazas ocupadas por los interinos en el momento de la convocatoria, un total de 1.589.

"Cabe recurso frente al Supremo, pero el TS ya nos dio la razón en 2007 sobre el mismo supuesto. Y dos sentencias sentarían jurisprudencia. Ya aunque el recurso exime de su cumplimiento hasta que haya sentencia firme, sería una postura desconsiderada por parte del Gobierno de Aragón habiendo ya una sentencia", explica Julio Guiral, presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública de Aragón,

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