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CUENTAS PÚBLICAS

El Tribunal de Cuentas vuelve a reprobar la gestión de las empresas públicas

En su último informe, que fiscaliza el año 2003, da un nuevo toque de atención a Pla-Za y SVA por irregularidades en su contratación. Además, cuestiona la creación de Sodemasa.

El Tribunal de Cuentas ha vuelto a advertir sobre la falta de control de las empresas públicas. En su último informe, que acaba de ser remitido a las Cortes y que fiscaliza el ejercicio 2003, censura especialmente la forma de contratar de los organismos satélites del Ejecutivo y alerta de irregularidades y deficiencias en la publicidad y transparencia de los concursos.

Un año más el toque de atención más duro se lo llevan Pla-Za y SVA, dos de los buques insignias del entramado empresarial aragonés. De la primera, el Tribunal critica que efectuó "algunas contrataciones sin ajustarse a principios de publicidad ni concurrencia", como marca la legislación. Además, subraya que la gerencia de la plataforma contrató obras que rebasaban los tres millones de euros, sin contar con la autorización de la DGA que exige la ley. También desaprueba que la ampliación de capital que se realizó ese año no fuera previamente aprobada por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo.

A la segunda, encargada de la política de VPO y de la construcción de equipamientos, le reprende por adjudicar "directamente" y como "norma general y con independencia de su cuantía" los contratos de dirección de obra y seguridad. Asimismo, le reprocha el incumplimiento de plazos tanto en la publicidad de las licitaciones, como de las adjudicaciones. Y lo que resulta aún más preocupante: "No se indican en los pliegos de cláusulas de los concursos la ponderación atribuida a los criterios para su adjudicación".

En 2003, se constituyó la empresa pública Sodemasa, dependiente del departamento de Medio Ambiente. En este caso, el Tribunal cuestiona su misma creación, al observar que existe "coincidencia de objetivos con Sirasa", subordinada a Agricultura, y "con las competencias del Instituto Aragonés del Agua". Y refuerza esta idea, al advertir de que el informe que "debería justificar su utilidad no está firmado y se desconoce el órgano que lo ha elaborado".

El informe analiza también los resultados de las empresas. De las 29 que existían en 2003, solo 5 obtuvieron beneficios. El resto sumaron unas pérdidas de 7,2 millones antes de impuestos. Esta "situación deficitaria" provoca, según el órgano fiscalizador, la necesidad de "aportaciones continuadas" de la DGA. No en vano, en ese ejercicio el Ejecutivo transfirió 54 millones a las distintas sociedades.

También los departamentos

El Tribunal advierte además de deficiencias en la contratación ejercida desde el propio Ejecutivo y otros órganos autonómos. De los 31 contratos estudiados, subraya la "valoración deficiente" de las bajas económicas ofertadas por los concursantes, lo que repercute "en un encarecimiento de los contratos" y la falta de precisión en los criterios de adjudicación, "lo que no es conforme con los principios de publicidad y transparencia".

"Especialmente deficiente" es la gestión realizada por el Salud. Como ejemplo, el Tribunal cita los contratos de suministro de material sanitario, en los que solo se tuvo en cuenta uno de los seis criterios de valoración incluidos en los pliegos de condiciones. En los de gestión de servicios públicos sanitarios, destaca que algunos criterios se desglosaron en otros, no previstos inicialmente, después de abrirse las ofertas y conocerse la documentación presentada por quienes optaban al concurso.

Como mal ejemplo pone también la construcción del centro de menores del barrio de Juslibol, en Zaragoza, cuyo coste acabó duplicándose (superó los 12 millones). En este caso, censura la "infracción generalizada" de la normativa y ataca expresamente a la tramitación como "complementario" de un contrato de obras, en el que se incluyeron "actuaciones necesarias e inseparables del originario".

También carga en general contra las "significativas demoras y ampliaciones de plazo no justificadas adecuadamente" en determinados contratos. Y las considera "particularmente relevantes" ya que, en algunos casos estudiados, las obras recayeron en empresas que habían ofertado reducción en los plazos. Otra mala práctica observada es el recurso a la tramitación por urgencia, cuando la aludida emergencia no es tal o no está justificada.

Así sucedió, por ejemplo, en la construcción de las estructuras antialudes en la carretera de Panticosa al Balneario, donde se aceleró el proceso cuando las nevadas son una circunstancia "aboslutamente previsible dado su carácter periódico y reiterativo".

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