Ni improvisaciones ni informes a medio hacer. El Tribunal de Cuentas dedicó aproximadamente un año de trabajo a recopilar y analizar toda la información sobre la gestión de la DGA durante 2004 y 2005. Según informaron ayer fuentes de esta institución, se siguió el proceso habitual, incluido el desplazamiento de funcionarios del órgano fiscalizador a las dependencias del Gobierno aragonés.

Con las conclusiones de ese extenso trabajo, en el que hubo un constante cruce de información entre la DGA y los auditores, se elaboró un informe que fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado mes de julio y que es el que ha detectado múltiples irregularidades en la gestión de la coalición PSOE-PAR. Ese documento es el que ha llevado a la Fiscalía de la institución, dependiente de la Fiscalía General del Estado, a abrir diligencias por presuntos delitos contables y penales.

Las citadas fuentes remarcaron que el informe está ya “cerrado” y que su contenido no puede variarse. “Es inamovible”, insistieron. Por eso todas las nuevas peticiones de información que reciba el Gobierno de Aragón procederán de la Fiscalía y formarán parte de las nuevas diligencias que está instruyendo el ministerio público.

Esta aclaración choca con lo que han pretendido trasladar algunos políticos aragoneses, que insinúan que las actuales peticiones son para aclarar dudas sobre el informe ya cerrado y que nada tienen que ver con posibles indicios de delito contable o penal.

De hecho, ante las malas interpretaciones que se han lanzado, el Tribunal de Cuentas se vio obligado ayer a emitir un comunicado para aclarar que, poco después del 20 de julio -día en que lo aprobó el pleno-, el informe sobre la gestión de la DGA en 2004 y 2005 ya estaba disponible para todo el mundo. El texto desveló que incluso se envió a las Cortes Generales, a las Cortes de Aragón y a la DGA por los cauces establecidos, lo que impide alegar desconocimiento. Además, las fuentes consultadas resaltaron que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, “en el ejercicio de sus competencias, adopta las medidas relacionadas con posibles responsabilidades contables o de otro orden”.

Es la primera vez que se tiene constancia de que algo de este calado afecte a la DGA. La Fiscalía actuó una vez que el Tribunal de Cuentas elaboró su informe al constatar posibles delitos penales en 26 de los 64 contratos que se analizaron. Además, la Fiscalía también ha puesto la lupa sobre 20 irregularidades contables, algunas de ellas de singular gravedad.