El Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) ha enviado cartas a los presuntos estafadores que compraron contratos de trabajo y cotizaciones para poder cobrar el paro u otros subsidios en las que les reclama el dinero. El organismo del Ministerio de Trabajo, a través de misivas que encabeza con el epígrafe "acuerdo de revocación de prestaciones por desempleo", explica al interesado que se ha anulado el periodo que cotizó de forma fraudulenta y se le advierte de que "ha generado un cobro indebido que le será requerido por el procedimiento reglamentariamente establecido".

Como adelantó HERALDO DE ARAGÓN, la Policía está investigando un fraude masivo a la Tesorería de la Seguridad Social en el que, de momento, hay implicados 260 inmigrantes y una veintena de empresas. En la estafa, cuyas dimensiones aún se desconocen puesto que la investigación sigue abierta, están involucradas empresas de construcción creadas por trabajadores autónomos de origen rumano. También se indaga en las gestorías, llevadas por profesionales españoles, que elaboraron los contratos fraudulentos.

El modus operandi del engaño consistía en que, bajo el amparo de una empresa fantasma -normalmente de la construcción y sin actividad, aunque algunas la tuvieran en su día- se daba de alta a inmigrantes, mayoritariamente marroquíes, a los que les faltaba completar un tiempo de cotización a la Seguridad Social para poder generar derechos a prestaciones. En algunos casos a los inmigrantes les faltaban solo unos pocos días, pero en otro eran meses.

El 'empresario' les cobraba por elaborar ese contrato de trabajo -a veces un único pago y, en otras, varios mensuales- y, obviamente, no abonaba las cotizaciones por los obreros.

La estafa se ha mantenido durante meses hasta que la Tesorería de la Seguridad Social empezó a cruzar datos y observó que empresas sin actividad seguían generando deudas con el departamento de Trabajo. Al analizar las cifras, descubrieron que había muchas personas que estaban cobrando de forma indebida y todas figuraban como trabajadores de unas determinadas empresas.

Por este motivo, además poner el caso en manos de la Policía, interrumpió el pago de las prestaciones y ha empezado a reclamar el dinero.

Relato de hechos

En las cartas, firmadas por el subdirector provincial de prestaciones en funciones, se hace un sucinto relato de hechos. En ellos se recuerda al trabajador el periodo exacto en que ha estado en situación de alta en el Régimen General de la empresa 'fantasma' que lo contrató y la fecha que, tras causar baja en al empresa, empezó a cobrar el paro. Acto seguido se le informa de que se ha procedido a la anulación del periodo cotizado "toda vez que no se corresponde con una efectiva prestación de servicios", y que se le va a reclamar el dinero por el conducto reglamentario.

Alguno de los inmigrantes imputados ha decidido recurrir esta resolución administrativa al no estar de acuerdo con ella.

Mientras, los policías de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación de Madrid y del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón continuaron ayer tomando declaración a los implicados. Los dos grupos se repartieron el trabajo entre la comisaría de Delicias y la Jefatura, ante el elevado número de personas involucradas en la trama. Todos los inmigrantes se acogieron a su derecho a no declarar.