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AGUA

El servicio jurídico de la DGA justifica que Iglesias no recurra el trasvase

Solo ve litigioso el artículo que permite comprar agua, pero rechaza llevarlo al Constitucional. Estima que ampliar el minitrasvase de Tarragona es una mera conexión de sistemas dentro de las cuencas catalanas.

Tal y como había predicho hace semanas la vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, el informe de los servicios jurídicos del Gobierno aragonés sobre el trasvase del Ebro a Barcelona, que se dio a conocer ayer, no implica traba alguna para que ese proyecto se lleve a cabo. El estudio concluye que "no concurren en el presente caso causas que justifiquen la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley" del Ejecutivo central que regula el abastecimiento de urgencia a la capital catalana.

El mismo presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ya había anticipado en varias ocasiones, incluido el último debate en las Cortes autonómicas, que el informe iba a respaldar su tesis, y la del Gobierno de Rodríguez Zapatero, de que el proyecto para llevar agua del Ebro a Barcelona no constituye un trasvase sino una redistribución de los caudales hídricos asignados al minitrasvase de Tarragona (126 hectómetros cúbicos al año) desde 1981.

El texto de los servicios jurídicos de la DGA parte del análisis separado de los tres aspectos principales del decreto-ley: la concesión de caudales de 1981, el permiso concedido a la Generalitat para comprar nuevos derechos de agua en la cuenca del Ebro y la obra de extensión del minitrasvase de Tarragona hasta Barcelona para conectarlo con el sistema Ter-Llobregat, que es el que abastece a la Ciudad Condal y su entorno.

Sobre la primera parte, los caudales que se otorgaron en su día para satisfacer las demandas urbanas e industriales de la provincia de Tarragona, el informe reitera que el decreto no los altera en ningún momento y, además, los sitúa como límite del volumen trasvasable (cuatro metros cúbicos por segundo). Por lo tanto, en lo que se refiere a esa fuente de recursos hídricos, no hay una nueva transferencia en términos jurídicos, aunque técnicamente sí la habrá, ya que al agotar toda la concesión se podrán detraer del río entre 30 y 50 hectómetros cúbicos que actualmente no se usan.

Recurrible, pero no

En el segundo punto, el de la compra de caudales a los regantes, y en plena coincidencia con lo defendido por Iglesias en los últimos días, los juristas aprecian que sí se está ante una transferencia hídrica porque se habilita la salida de nuevos caudales fuera de la cuenca del Ebro. Por lo tanto, ese punto del decreto debería haber contado con la "preceptiva intervención de la Comunidad Autónoma" mediante el informe que estipula el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía.

El documento admite que "la omisión de dicho trámite podría justificar la interposición de recurso de inconstitucionalidad" para solicitar "la nulidad" del decreto "por ausencia de participación de la Comunidad Autónoma", pero solo "en cuanto a la regulación contenida en el artículo tres", el referente a la compra de derechos a los regantes.

Pero ni siquiera en eso tendrá que plantear la DGA un litigio con el Gobierno central. Tras señalar esa posible inconstitucionalidad parcial del decreto-ley, el informe agrega que "parece más acertado entender" que la participación de la Comunidad Autónoma en ese tipo de transacciones de derechos sobre el agua tendría que producirse no en la aprobación de la norma legal que las permite, sino "con ocasión del procedimiento de formalización y autorización de las referidas transacciones".

Por lo tanto, como ya ha habido un acuerdo para que los regantes no vendan sus derechos, sino que dicen estar dispuestos a ahorrar y ceder los excedentes, no parece que el Ejecutivo aragonés vaya a verse impelido a adoptar ninguna actuación legal ni siquiera en esa parte del decreto.

Por último, respecto a la obra hidráulica prevista para ampliar el minitrasvase de Tarragona, el estudio afirma que se trata de una mera "conexión de sistemas" (el de Tarragona con el Ter-Llobregat) dentro de "la misma demarcación hidrográfica de las cuencas internas de Cataluña".

Sin embargo, el mismo informe reconoce previamente que esa obra, que no es sino una extensión de una conexión existente entre dos cuencas (las internas y la del Ebro), está prevista "para hacer efectivos los objetivos del Real Decreto Ley". Y entre esos objetivos, como se afirma en el documento, está explicitada una compraventa de agua que sí puede constituir un nuevo trasvase.

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