El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha condenado al Departamento de Salud del Gobierno aragonés a pagar una indemnización de 400.000 euros a un paciente de Zaragoza que quedó parapléjico de sus extremidades inferiores a causa de una praxis médica defectuosa y con retraso.

La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, difundida por la Asociación del Defensor del Paciente, asegura que la enfermedad que padecía el denunciante, de 59 años, fue diagnosticada "demasiado tarde" por los servicios médicos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

A juicio del tribunal, que se apoya en informes médicos, el retraso acumulado por los servicios sanitarios del centro "dio lugar a la pérdida de posibilidad de haber sido aplicados a tiempo los medios de curación que su grave dolencia requería".

Según relata la resolución, el paciente, representado por el abogado zaragozano Ricardo Agoiz, acudió el 6 de diciembre a su centro de salud y manifestó que sentía dolor en el lado izquierdo de su espalda desde hacía tres días y que padecía de tos seca.

Los sanitarios, al comprobar que no tenía fiebre y verificar que posiblemente padecía un herpes zoster, le prescribieron un tratamiento farmacológico para esta dolencia.

Diez días después, el paciente se presentó en los servicios de urgencia del Hospital Miguel Servet con un fuerte dolor en hemotórax izquierdo que le irradiaba a otras partes del cuerpo y fiebre leve, siéndole diagnosticada una neuropatía por herpes.

El 18 de diciembre volvió de nuevo al servicio de urgencias con una agravamiento severo del dolor, pero fue enviado a su domicilio con el mismo diagnóstico y sin ser sometido a otros análisis y radiografías.

Finalmente, el 22 de diciembre, el paciente volvió al centro con sus dolores agravados, fiebre elevada y debilidad progresiva en ambas piernas.

Realizadas nuevas pruebas médicas, los médicos le diagnosticaron un shock medular por mielopatía de origen infeccioso, afección de la que fue intervenido quirúrgicamente un día después, y quedándole como secuelas paraplejia de extremidades inferiores, trastorno psíquico adaptativo e insuficiencia renal.

El informe pericial encargado por el tribunal atribuye las secuelas a "la falta no justificada de una exploración a fondo y de práctica de análisis el 18 de diciembre de 2006, en que el enfermo acude de nuevo a los servicios médicos".

Para el tribunal, la renuncia de los médicos a practicarle dicho día nuevas pruebas "dio lugar a la pérdida para el paciente de la oportunidad de conseguir el más rápido y mejor tratamiento para la grave dolencia que padecía".

Añade, a tenor del informe pericial, que de haberse concluido el diagnóstico antes del 22 de diciembre "el proceso se hubiera resuelto y las secuelas por afección medular que padece en la actualidad el demandante se hubieran evitado".