El rechazo del PAR al catalán en la Ley de Lenguas lleva al PSOE hacia CHA e IU

zaragoza. Ley de Lenguas de Aragón no solo reabre las tensiones políticas entre los socios de la DGA, sino que ha sacado a la luz las divergencias ideológicas de socialistas y aragonesistas, hasta el punto de que el PAR se niega a admitir la denominación de catalán para la lengua que se habla en el Aragón oriental, al igual que el PP. De esta forma, las diferencias antagónicas de partida, que llegar a la propia terminología, obligan prácticamente al PSOE a buscar los apoyos en Chunta e Izquierda Unida.

Los partidos hicieron ayer públicas las 258 enmiendas al proyecto de ley de Lenguas presentado en solitario por el grupo socialista, que no convenció a nadie y generó dos bloques casi antagónicos entre PAR y PP y CHA e IU. De hecho, el coordinador de la ponencia, el socialista Carlos Álvarez, reconoció que las posturas son "contrapuestas". Pese a todo, dejó muy claro que le dedicarán el tiempo necesario para "buscar el mayor consenso posible", por lo que evitó marcar una fecha para el debate. Y mucho menos quiso referirse al antagonismo que les separa de sus socios porque, sostuvo, "no vamos a fijar posición, creemos que sería perjudicial".

Las diferencias políticas se centran en tres aspectos centrales: la denominación del aragonés y catalán, el papel que deben jugar en la enseñanza o en la relación con las distintas administraciones y las rotulaciones de municipios y calles (la toponimia), además del propio desarrollo normativo para la promoción y defensa de estas lenguas históricas.

A grandes rasgos, el proyecto de ley del PSOE reconoce el aragonés y la catalán como "lenguas propias e históricas", pero no su cooficialidad, garantiza su enseñanza voluntaria y el derecho a su utilización en la relación con las administraciones "en el ámbito de las zonas de utilización histórica". Respecto a la toponimia, establece una denominación única, en aragonés y catalán, en las zonas de utilización histórica predominante. No obstante, será la DGA la competente es determinar los topónimos en vías interurbanas, mientras que en los municipios será los ayuntamientos.

Aragonés oriental por catalán

El portavoz del PAR, Javier Allué, confió en llegar al máximo consenso y defendió que materias como las lingüísticas "deberían unir más que dividir", aunque su compañera María Herrero marcó unas claras diferencias a la hora de explicar las 48 enmiendas de su grupo. Así, negó cualquier apoyo al término catalán reflejado en la ley, aunque dejó abierta dos posibilidades: o bien se elimina cualquier referencia y se recurre al genérico lenguas y modalidades lingüísticas o bien se recurre a denominar "lengua aragonesa" para el aragonés y a "aragonés oriental" para el catalán. Para justificarlo, adujo criterios "filológicos, históricos, pedagógicos y psicológicos" sin detallarlos.

El diputado popular Miguel Navarro no dio opción y planteó que sean calificadas de "modalidades lingüísticas" del Alto Aragón y del Aragón Oriental. Por ello, su grupo presentó 60 enmiendas a todos los artículos del proyecto de ley. Al igual que los aragonesistas, remarcaron su rechazo a cualquier posibilidad de que el resto de lenguas históricas sean co-oficiales.

Tanto IU como CHA no solo reclaman la co-oficialidad, sino que pusieron en evidencias que normas vigentes en la Comunidad así lo recogen como el dictamen de la comisión de Política Lingüística, la Ley de Patrimonio Cultural o las directrices de ordenación del territorios, "aprobadas por el presidente Lanzuela con un gobierno PP-PAR", como destacó el diputado nacionalista Chesús Bernal.

Fracaso flagrante de Iglesias

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, apuntó que la tramitación del proyecto de ley por parte del PSOE supone un "fracaso flagrante del Gobierno de Marcelino Iglesias" y un incumplimiento personal del líder socialista por llevar una propuesta "tarde y mal". En este sentido, apuntó que no es consecuente con el dictamen de Política Lingüística pactado por todos los grupos en 1998 (con el único rechazo del PP) para "proteger" el aragonés y el catalán ni con preceptos relativos a las lenguas recogidas en varias normas aragonesas. También destacó que se hace caso omiso de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias que España ratificó en 2001, por lo que plantean 111 enmiendas para incorporar estos y otros preceptos.

Otro de los aspectos en los que se marcan divergencias casi irreconciliables es en el tema educativo. Tanto aragonesistas como populares fueron tajantes al mostrar su rechazo a que se impartan asignaturas en aragonés y catalán, aunque son partidarios de garantizar su aprendizaje, siempre voluntarios.

Pero en esta materia, aún llegó más lejos el diputado del PP Miguel Navarro, quien defendió suprimir la promoción de las lenguas propias recogida en la ley por un genérico "derecho de uso y enseñanza". De esta forma, sostuvo, para que "ningún" residente en algún municipio de uso histórico del aragonés o el catalán se vea "forzado" a emplearlas.

Normalizar la realidad educativa

Chesús Bernal abogó por que se imparta, al menos, una asignatura curricular en las otras dos lenguas históricas en las zonas donde se habla, mientras el diputado de IU Adolfo Barrena defendió su obligatoriedad, sin fijar mínimos ni máximo, de forma "progresiva y gradual". Y se incidió en que "de facto" se imparten clases en catalán en el Aragón oriental. "No planteamos nada que no se haga en estos momentos, porque en las escuelas se habla ya en catalán fuera de curriculum", remarcó Nieves Ibeas.

La coalición de izquierdas ha presentado 39 enmiendas, trabajadas con el poeta Anchel Conte y el ex diputado Félix Rubio, tildó de "nacionalismo de vía estrecha" negar que en Aragón se habla catalán. Entre sus propuestas está la necesidad de establecer plazos, planes y ayudas para la aplicación real de la ley con el fin de que, por ejemplo, se pueda normalizar el uso del resto de lenguas históricas en la Administración.

Esta fue otra de las grandes cuestiones de confrontación. Mientras el PP cuestionó su implantación con el argumento de que generará un gasto "innecesario" en personal, el PAR planteó limitar el uso del aragonés y del catalán a procedimientos que tengan principio y fin en los territorios donde se hable. Y el listado de trámites bilingües deberían definirlos las propias administraciones locales.

Chunta e IU se mostraron firmes defensores de la co-oficialidad "como única forma de garantizar su uso en las relaciones administrativas". De hecho, la coalición de izquierdas consideró este punto no reconocido en el proyecto de ley del PSOE como un "paso atrás" sobre el amplio acuerdo político alcanzdo en 1997 en la comisión de Política Lingüística. "Intentamos recuperarlo", subrayó Adolfo Barrena.