Nadie es perfecto". Javier Lambán, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, replicaba hace unas semanas con esa conocida frase las dudas expresadas por José Blanco, ministro de Fomento y hombre fuerte del PSOE, sobre la existencia de las diputaciones provinciales. Lambán está considerado como alguien cercano a Blanco, pero su respuesta fue contundente. Blanco, que es un político que no suele dar puntada sin hilo, tuvo que salir a la palestra para asegurar que aquello había sido una "reflexión personal" y que en su partido lo de suprimir las diputaciones "no se ve ni en broma".

La crisis económica y los ajustes derivados de ella han puesto en solfa muchas cosas, entre ellas algo tan abstracto, pero tan costoso, como el modelo administrativo. La actual estructura, que en Aragón abarca cinco niveles principales: ayuntamientos, comarcas, diputaciones provinciales, comunidad autónoma y administración estatal, adolece de problemas de coordinación y algunas duplicidades competenciales.

Un paradigma son las competencias de turismo, en las que intervienen comunidad autónoma, diputaciones, comarcas y municipios. Parece razonable que se pida una revisión del modelo en un momento de fuerte crisis, cuando todos los gastos públicos se analizan con lupa. Hay quien considera que esa reestructuración será algo inevitable asumir, antes o después. El debate actualmente se centra en dos niveles que a menudo se contraponen políticamente. Uno es el de las provincias, que están en cuestión desde la llegada del modelo autonómico, y otro el de la últimas en llegar a la estructura: las comarcas. Ambas administraciones, sin embargo, conviven desde hace años.

Las comarcas, una iniciativa con el sello del PAR pero unánimemente respaldada por todos los grupos políticos y recogida en el Estatuto, han sido justificadas en Aragón por sus condiciones específicas: baja densidad, pequeños municipios, grandes distancias... A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas como Andalucía, en Aragón han sido tradicionalmente municipios de 10.000 habitantes, e incluso menos, los que han ejercido como foco de atracción, con servicios propios de pequeñas ciudades. Las comarcas nacieron con la idea de complementar los servicios municipales, siendo en principio los pequeños ayuntamientos los más beneficiados.

Una ley de las Cortes de Aragón de 1996 vino a establecer la división comarcal que se puso definitivamente en marcha en 2003. Entre las 33 comarcas previstas entonces hay muchas consideradas históricas. Sin embargo, una de ellas, la de Zaragoza, está todavía pendiente de conformarse bien como comarca, bien como área urbana al estilo de otras grandes ciudades españolas o a través de la llamada ley de Capitalidad.

La historia de las provincias como entidad jurídica formal es mucho más antigua, concretamente de 1833, cuando Javier de Burgos llevó a cabo una división administrativa que se ha mantenido con escasos cambios desde entonces (el más significativo, la creación de la provincia de Las Palmas, que al principio correspondía también a la de Tenerife).

El modelo territorial que estableció la Constitución de 1978 en su Título VIII, con las comunidades autónomas, supuso un momento crítico para las provincias. Sin embargo, la provincia como entidad jurídica está también recogida en el texto constitucional (artículo 141), aunque no su órgano de gobierno, la diputación. Actualmente, una de las principales funciones de la provincia es la de circunscripción electoral, pero también funciona como administración local (una especie de ayuntamiento de ayuntamientos) y como entidad de delegación tanto de la Administración del Estado como de la autonómica.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que hay diputaciones provinciales que ya han desaparecido. Son aquellas que correspondían a las comunidades autónomas uniprovinciales: Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Madrid y Baleares.

Reducir municipios

El debate podría ir más allá. El ejemplo es el de Grecia, país donde la crisis ha golpeado con mucha dureza y que se ha visto obligado por tanto a poner en marcha medidas muy drásticas. Entre ellas, la supresión de dos terceras partes de sus ayuntamientos, de los 1.034 existentes a 355. El ahorro se ha cifrado en 1.185 millones de euros anuales. En España hay 8.109 municipios, de ellos 731 son aragoneses. Un dato elocuente es que una comunidad autónoma como Murcia, con unos 100.000 habitantes más que Aragón (alrededor de 1.446.000 habitantes), cuenta con solo 45 ayuntamientos. La clave está en la articulación del territorio, puesto que mientras Murcia tiene una extensión de 11.313 km2, nuestra Comunidad supera los 47.719 km2.

Ángel Garcés, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, sostiene que, en esta situación, la Unión Europea terminará por obligar a redefinir también el modelo administrativo español. Para Garcés, lo que habría que replantear es la existencia de ayuntamientos de menos de 500 habitantes, que en Aragón son la gran mayoría (525), lo cual no quiere decir que dejen de existir las casas consistoriales. La idea, en líneas generales, es sencilla: habría que ir hacia un modelo en el que las comarcas pasaran a ocupar el puesto de los municipios y las provincias el de las comarcas.

La principal novedad de la Constitución de 1978, el modelo autonómico, nació con muchas dudas y con importantes sectores en contra pero se ha asentado a pesar de los problemas. Es cierto que se ha vuelto a oír hablar de una posible devolución de competencias al poder central pero son pocas las voces que hoy defienden el desmantelamiento de las autonomías y algunas lo hacen para pedir un modelo descentralizado de corte federal.

El debate abierto, en cualquier caso, no afecta exclusivamente a la propia existencia o la reducción del número de entidades administrativas. La organización de competencias exige una racionalización, de forma que se eviten duplicidades, y exige coordinación.

En algunos casos, se están prestando servicios que no corresponden a esa administración. Es el caso de muchos ayuntamientos y diputaciones. Son varios los presidentes de comarcas que coinciden en que hay que definir bien las competencias. Esa clave es el punto débil por el que se acaba poniendo en cuestión todo el entramado administrativo.

El profesor Ángel Garcés considera que hay que elegir entre administración y servicios y destaca que en España se ha optado por centrarse en la organización y se ha descuidado la ordenación del territorio. "Si hay un problema, se crea una administración", señala.

Mancomunidades

Todavía existe un nivel más en toda esta estructura, el de la mancomunidad de municipios. El propio consejero aragonés de Política Territorial, Justicia e Interior se refirió hace unos días a "la querencia que ha tenido siempre Aragón a agruparse ya con las mancomunidades". Garcés destaca la diferencia de que las mancomunidades han prestado servicios "a la carta" a los municipios, en función de sus propias necesidades.

A pesar de esta revisión del modelo administrativo, en el fondo esta es una cuestión que excede la mera idea de eficiencia, porque el debate está íntimamente ligado al poder político.