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EN LAS CORTES

El PP pide una comisión de investigación por las inversiones de la DGA en Escucha

Ve "indicios de irregularidades y anomalías" que pueden incurrir en "responsabilidades políticas y jurídicas".

El PP registró ayer una comisión de investigación en las Cortes para "depurar posibles responsabilidades políticas y jurídicas" en las inversiones que el Gobierno de Aragón ha acometido en los últimos años en Escucha (Teruel), porque -a su juicio- "hay indicios de irregularidades y anomalías de gran calibre". El portavoz del PP, Eloy Suárez, exigió que la DGA aclare las actuaciones.

El diputado del PP Pedro Navarro recordó que el Ayuntamiento de Escucha adeuda al Estado más de 2,3 millones de euros de subvenciones. Entre ellas, destaca la que se debía haber utilizado en restaurar una escombrera y sobre la que la DGA construyó, ocho años después de haberse acabado el plazo fijado para la ayuda, un tramo de carretera de dos kilómetros. "Que nos expliquen este arreglo", instó Navarro.

Pero las principales dudas se centran en la construcción de 24 viviendas protegidas en el municipio, que inicialmente promovió el Ayuntamiento con un coste para las arcas municipales de 1,4 millones. Después, la DGA asumió la inversión para evitar la carga financiera al Consistorio. El contrato consistía en que el Ejecutivo autonómico acometía la urbanización y abonaba 150.000 euros a cambio de unos suelos de 11.728 metros cuadrados que, ocho años después de firmarse el contrato, aún no se han regularizado. "¿Por qué no han sido capaces de inscribirlos ninguno de los consejeros y directores y directoras generales que han pasado por el Pignatelli? ¿por qué primero la DGA se compromete a urbanizar, luego añade 150.000 euros y luego abona 1,4 millones? ¿por qué físicamente las viviends están sobre los suelos de unos proprietarios y están escriturados a nombres de otros'", cuestionó Navarro.

"Deben depurarse responsabilidades", exigió Navarro, que retó a todos los partidos a apoyar esta iniciativa parlamentaria. "En el pleno, los grupos que sustentan el Gobierno aseguraron que no tenían nada que esconder y que había transparencia total. Esperemos que la respalden", confió Navarro.

Desde la DGA defienden que se trata de un contrato privado que se está convirtiendo a público. Lo cierto es que, de momento, los suelos que se intercambiaron no suman 11.728 metros cuadrados sino 10.011.

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