El PP ha solicitado la comparecencia de la interventora general del Gobierno de Aragón en comisión de las Cortes para que informe «detalladamente y con aportación documental» de los contratos en los que el Tribunal de Cuentas ha detectado posibles delitos contables y presuntas infracciones penales en el ejercicio 2004 y 2005.

Además, los populares han presentado una queja ante la Mesa de las Cortes porque el Gobierno de Aragón ha incumplido el plazo y no ha entregado los expedientes, solicitados por el grupo parlamentario, relativos a los contratos analizados por el órgano fiscalizador. El propio consejero de Economía y Hacienda, Alberto Larraz, ya advirtió en el pasado pleno que no iba a aportar esta documentación a la oposición porque estaba siendo investigada por la Fiscalía.

El portavoz del PP, Eloy Suárez, explicó que la decisión de Larraz de negar al PP la documentación solicitada responde a una «consigna» del presidente de la Comunidad, Marcelino Iglesias, de no dar información a los grupos de la oposición sobre la gestión del Ejecutivo.

Suárez calificó de «inaudita» la negativa del Gobierno a facilitar a las Cortes la información solicitada y tachó de «excusa» la utilización de la investigación de la Fiscalía como argumento para fundamentar la decisión. Tras asegurar que las pesquisas de la Fiscalía no pueden suponer un impedimento para que el PP vea cumplido su derecho a ser informado, Suárez comentó que la negativa del Ejecutivo autonómico responde a una estrategia llevada a cabo en sus 12 años de legislatura.

Intervención de Pina

Por esta razón, el portavoz popular defendió su iniciativa de formular una queja ante la Mesa de las Cortes en la que se pide al presidente de la Cámara, Francisco Pina, que intervenga con «claridad y contundencia», y no «limitándose, como en otras ocasiones, a enviar una carta».

Para el diputado, el Gobierno aragonés «sigue enrocándose en argumentos peregrinos para no entregar documentos que le puedan comprometer, o puedan comprometer el que un consejero continúe en su sillón».

A juicio del parlamentario, «ya va siendo hora de conocer la verdad y saber lo que ha pasado con esos 26 expedientes, en los que hay cosas que podrían incurrir en cuestiones penales». Estos contratos están siendo investigados por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Se repartieron entre nueve fiscales y todavía no han acabado de examinarlos.