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El paro en las personas con discapacidad se ha duplicado en los últimos cuatro años

De las 40.200 en edad laboral, solo están en activo 14.201, y de estas, 1.900 trabajan en centros especiales de empleo. Las mujeres y los enfermos mentales, los más desfavorecidos.

“Si en una situación normal, las personas con discapacidad son un colectivo desfavorecido, en momentos de crisis, la situación se agrava todavía más”. Esta es la opinión de Isabel Leciñena, presidenta del comité de empresa de Fundación DFA, que cuenta con una plantilla de 705 personas en sus centros especiales y 1.892 inscritas en la bolsa de empleo, que se ha cuadruplicado desde 2008, año de inicio de la crisis.

“El paro es de más larga duración y encontrar trabajo les resulta más complicado porque los empresarios no se atreven a contratarlos y cuando hay que echar a alguien, los primeros que se van a la calle son ellos”, apunta Leciñena.

A finales de octubre, en Aragón había 2.034 personas con discapacidad apuntadas en las oficinas del INAEM, lo que supone un 2,26% del total del paro registrado en la comunidad. Una cifra ligeramente superior a la registrada en el mismo trimestre del año 2009 (2,06%), y que duplica la registrada en 2008 cuando apenas había mil personas con discapacidad inscritas en el INAEM.

“El recorrido histórico del peso de los discapacitados sobre el resto de las personas en paro no ha variado tanto. Vemos que realmente en el mes de octubre de este año el peso sobre el total es similar o incluso inferior que en otros periodos como 2007, donde se alcanzó la cifra del 3,07%”, apunta Ana Bermúdez, directora gerente del Instituto Aragonés de Empleo.

Vistos así los datos, la situación no parece tan preocupante, pero todas las entidades relacionadas con el mundo de la discapacidad insisten en que son unas cifras “que no muestran la verdadera realidad”. Esa que viene a confirmar que solo una de cada tres personas con discapacidad encuentra trabajo, como lo demuestra el hecho de que, en Aragón, de las 40.200 personas con discapacidad en edad laboral, se encuentran en activo 14.200 y más de 1.900 trabajan en Centros Especiales de Empleo.

Un ejemplo de este cambio de situación se ve en la bolsa de empleo de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, donde hay inscritas 589 personas, 114 más que en el año 2008. De ellas, 198 están desempleadas y solo se han formalizado 73 contratos en 2010 frente a los 111 de 2008.

“La situación todavía se agrava más en el caso de las mujeres, que son el colectivo más desfavorecido dentro del mundo de la discapacidad y a las que más les cuesta encontrar trabajo”, apunta José María López, presidente de Adislaf y Fundación Benito Ardid.

Las grandes perjudicadas

En este caso, las cifras facilitadas por el Instituto Aragonés de Estadística son muy evidentes. De las 14.201 personas con discapacidad en activo, 8.249 son hombres (58%) y 5.952 mujeres (42%). La situación es todavía más preocupante porque del total de personas con discapacidad en Aragón el 60,7% son mujeres (66.910 de un total de 110.223).

“El problema es muy diferente en función de cada discapacidad y el agrado de acepción. En este sentido, las personas con enfermedades mentales tienen todavía más difícil acceder a un puesto de trabajo. Sus riesgos de exclusión socio-laborales son todavía mayores, porque es un colectivo al que por desconocimiento y estigmas no se les quiere contratar. No es fácil para las empresas normalizadas y los Centros Especiales de Empleo adaptar su trabajo a las características de estos trabajadores”, apunta Dolores Sobrino, responsable del Área Social de Asociación Aragonesa Pro Salud Mental.

Según los últimos estudios, elaborados en 2009, el 70% de estos enfermos mentales, estaban en paro y muchos de ellos no se habían incorporado nunca al mercado laboral porque, con frecuencia, el primer brote aparece en pleno periodo de formación de la persona.

Además, de las 60 personas inscritas en los cursos de formación durante 2009/2010, únicamente un 8% ha encontrado trabajo y entre los elegidos solo hay una mujer.

Pequeñas directrices como permitir periodos de descanso, breves pero frecuentes, podrían favorecer su inclusión laboral, pero las empresas ven “demasiados obstáculos”, según las fuentes consultadas.

“El problema del empresario es que tiene mucho miedo de contratar a personas con discapacidad porque no sabe cómo van a reaccionar. Si pueden elegir prefieren a una persona alta, rubia y que hable tres idiomas. Esto es humano, otra cosa es que sea justo”, afirma Javier Guiu, presidente de la Asociación de CEE en Aragón.

Otra vía laboral sería la propia administración a través de la función pública, pero aquí también hay escollos que resolver. “En el caso de las personas con discapacidad intelectual, habría que buscar una nueva normativa que refleje el principio de equidad, de manera que las pruebas se adapten a la capacidad de respuesta de diferentes sectores de la discapacidad”, concluye Enrique Solano, presidente de la Comisión de Empleo de CERMI-Aragón.

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