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ZARAGOZA

El PAR quiere recortar cuatro consejerías y un tercio de asesores y liberados sindicales

Los aragonesistas lo plantean como una condición mínima para gobernar en la DGAPropone incorporar el sector privado a la Corporación de Empresas Públicas.

Imagen del comité nacional del PAR en el que se aprobó el reglamento del congreso.
El PAR quiere recortar cuatro consejerías y un tercio de asesores y liberados sindicales
OLIVER DUCH

Más allá de la machacona y repetida condición pronunciada por el presidente del PAR, José Ángel Biel, de no participar en el Gobierno de Aragón si obtiene menos de ocho diputados, los aragonesistas han marcado ya los requisitos mínimos para estar en la DGA (deberán superar aún el trámite del congreso). Y la austeridad y los recortes se imponen, además del Estatuto y el autogobierno.

Para empezar, los aragonesistas quieren reducir la estructura del Ejecutivo autonómico a siete consejerías frente a las once actuales. En ese sentido, por ejemplo, se asignarían al Departamento de Fomento Empresarial y Empleo (actual Industria, Turismo y Comercio) todas las competencias relacionadas con la empresa y el empleo, incluida la Corporación Empresarial, el Instituto Aragonés de Empleo, comercio exterior, trabajo e I+D+i.

Plantean también recortar en un tercio el personal de confianza y en la misma proporción el número de liberados sindicales. Actualmente, la DGA dispone de unos 60 asesores, con lo que con este planteamiento se tendrían que reducir hasta 40. Los liberados pasarían de 175 (suponen un gasto anual de 4,8 millones) a unos 120.

Precisamente, estas iniciativas se podrían interpretar como un guiño al PP, que no ha parado de plantear medidas similares en los últimos meses en las Cortes.

El PAR también apuesta por medidas administrativas relativas a la función pública. Plantea adelgazar el personal con congelación de la oferta de empleo público -excepto para educación, salud y servicios sociales- y la amortización de vacantes por jubilación. Además, aboga por externalizar servicios y flexibilizar plantillas y movilidad dentro de la misma ciudad.

Otro de los caballos de batalla para los aragonesistas en el próximo gobierno sería la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Frente a la reestructuración que se ha impulsado desde el Departamento de Economía y Hacienda, los aragonesistas quieren que se vaya incorporando al sector privado en la Corporación de forma que tenga una mayor participación accionarial en las empresas públicas.

Los aragonesistas inciden, además, en la puesta en marcha real de la administración electrónica para conseguir que los tiempos actuales de tramitación administrativa se reduzcan a un tercio.

Estatuto y proposiciones de ley

Estas son algunas de las propuestas de los aragonesistas que se incluyen en el borrador de la ponencia 'Piensa en Aragón 2011', que recoge la base programática del partido para las elecciones de mayo, y que se llevará al congreso del próximo mes de marzo. Antes deberá pasar por el plazo de enmiendas para los compromisarios. Ahí podría sufrir alguna modificación.

En el documento también se recogen todas las proposiciones de ley que el PAR ha presentado en las Cortes en los últimos meses y que le han servido para desmarcarse de su socio, el PSOE. Se trata de la proposición de ley de actualización de derechos históricos, que se tomará en consideración la próxima semana en el pleno; la de aguas y ríos de Aragón; la de ordenación del territorio; la de elección de los órganos de gobierno de las comarcas y provincias; la de capitalidad, que se anunció por sorpresa; y la de promoción y defensa de la empresa familiar, que se presentará en los próximos días. Su negociación y aprobación será otra de las condiciones sine qua non para un pacto de gobierno, al igual que el posible socio dé «garantías para el impulso de las relaciones bilaterales de Aragón con el Estado y el cumplimiento de los acuerdos firmados en la comisión bilateral».

Las relaciones bilaterales con el Gobierno central y el peso de la Comunidad en España han sido los principales escollos de la relación PSOE-PAR en la DGA en los últimos años. Los aragonesistas reivindican, sin éxito hasta el momento, que se desarrolle el Estatuto. Esto es, que Aragón disponga de un sistema de financiación complementario, que el Estado negocie con la Comunidad las inversiones prioritarias en cada presupuesto y se garantice su ejecución, que el Gobierno autonómico pueda acometer obras de interés general mediante convenio y que pueda gestionar la reserva hídrica del Ebro, que se impulsen los traspasos de competencias recogidos en la norma estatutaria y que se dé cumplimiento a los acuerdos de la comisión bilateral aprobados en noviembre de 2009.

Ahora habrá que ver si PSOE y PP aceptan estas condiciones o los aragonesistas se ven obligados a pasar cuatro años en la oposición.

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