Que los aragoneses que viven en otras Comunidades puedan votar en Aragón en las elecciones autonómicas. Este es el planteamiento que el vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, -como anunció en un entrevista a este diario- quiere introducir en la Ley de Derechos Históricos que comenzará a tramitarse en las Cortes en los próximos meses. Los aragonesistas aspiran a que esta norma se pueda aplicar ya en los próximos comicios de 2011. No obstante, se antoja complicado si no se acelera la ponencia y no hay un acuerdo de la mayoría de los grupos para acelerar la tramitación en las Cortes.

Pero ¿podrían votar todos los aragoneses que viven fuera del territorio aragonés? No. La propuesta del PAR restringe este derecho a aquellas personas que dispongan de "la vecindad civil aragonesa", que es el estatuto personal que permite que se apliquen las normas civiles de Aragón. Es decir, aquellas que hacen referencia a la persona, la familia y el régimen sucesorio.

Se obtiene la vecindad por nacer de padres con esta condición o por nacer en Aragón. También se adquiere por la residencia continuada en la Comunidad aragonesa durante dos años -mediante declaración voluntaria- o por diez años (salvo que se manifieste lo contrario). Estos casos se aplica a españoles que se trasladan a Aragón.

Pero también funciona en sentido contrario. Es decir, cualquier aragonés mantiene su vecindad civil cuando reside fuera de la Comunidad durante los dos primeros años. Después, si no muestra su oposición, la conserva hasta los diez años. A partir de este plazo, la perdería. No obstante, le queda la opción de mantenerla de por vida si lo solicita en el Registro Civil del territorio donde reside.

Con esta condición, las personas con vecindad civil aragonesa que residen fuera de la Comunidad podrían votar tanto en su lugar de residencia (por estar empadronados) como en Aragón (por su estatus civil). Lo harían en la provincia aragonesa donde hayan tenido su última vecindad administrativa y podrían ejercer su voto de forma presencial o por correo. Fuentes del PAR argumentan para lanzar esta idea que "hay muchas decisiones que se toman en las Cortes aragonesas sobre derecho civil que afectan a estas personas", por lo que entienden que tienen derecho a elegir a los legisladores.

Además, se amparan en el nuevo Estatuto que detalla que "gozan de la condición política de aragoneses los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación aplicable pueda establecer". Es precisamente en esta última frase en la que se apoya el PAR, ya que a través de la futura ley se ampliaría la casuística actual.

Precisamente, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un proyecto de Ley de Derecho Civil Patrimonial, que entre otros regula el derecho de abolorio, un derecho de tanteo que tienen los familiares -de hasta cuarto grado colateral- ante la venta de bienes inmuebles que han pertenecido a esa familia durante dos generaciones o más.