A través del fondo de cooperación local de la DGA, de un convenio anual con el Ejecutivo autonómico y (la que suscitará más polémica) de los fondos de la Diputación Provincial de Zaragoza que genera la propia ciudad. El PAR plantea, en su proposición de Ley de capitalidad y de régimen especial de Zaragoza, un sistema singular de financiación a través de tres vías, que reportarán más ingresos al Ayuntamiento, la mejora de su dotación competencial y la normalización de las relaciones bilaterales entre la DGA y el Ayuntamiento.

Ayer, el presidente de la formación, José Ángel Biel, y el portavoz parlamentario, Javier Allué, presentaron su propuesta, una vez más a espaldas de su socio, el PSOE, pese a que esta norma está incluida en los cien compromisos de la coalición. "Tenemos distintas perspectivas", justificó Biel. La proposición de ley pretende "reconocer el papel esencial de Zaragoza para el desarrollo social y económico de Aragón", tal y como reconoce el Estatuto de Autonomía, y permitir que pueda competir con otras ciudades europeas "en igualdad de condiciones".

Para eso, propone tres fórmulas "para paliar la insuficiencia estructural de la financiación que no corrige la actual ley de Haciendas Locales". El Ayuntamiento percibiría dinero a través del Fondo de Cooperación Local de la DGA, en función de los servicios por población y las aportaciones en los planes de infraestructuras y en los programas sectoriales.

La segunda vía sería mediante convenios anuales entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento. Habría una dotación incondicionada para "abundar en la autonomía local". Por último, las arcas municipales también ingresarían una cantidad potente de la Diputación Provincial de Zaragoza (Corporación Provincial en el nuevo modelo territorial del PAR).

La iniciativa de los aragonesistas fija un importe mínimo del 40% de los recursos económicos que la institución provincial recibe en virtud de la presencia de Zaragoza. Biel estimó que por esta razón la DPZ ingresa unos 100 millones de euros, por lo que al Consistorio le corresponderían unos 40.

Además de este sistema singularizado, la proposición incluye dotación económica para desarrollar las competencias que se le adjudiquen. De hecho, se regula la posibilidad de transferir competencias a través de leyes, con el objetivo de mejorar la eficacia en la prestación de servicios, facilitar la proximidad de la gestión administrativa y mejorar la participación ciudadana. Entre otras, podrían traspasarse facultades de medio ambiente, turismo vivienda, espectáculos públicos, urbanismo... El Ayuntamiento en algunos de ellos debe emitir un informe previo para actuaciones que emprenda la DGA.

También se recoge la posibilidad de delegar o encomendar actividades. El Ayuntamiento además podrá proponer a la Comunidad Autónoma la delegación o la encomienda de la gestión propia.

La norma también incide en las relaciones bilaterales. Prevé un Consejo Bilateral de Capitalidad como el máximo órgano de cooperación entre ambas insituciones y en el que estarían representados el presidente de Aragón, el alcalde de Zaragoza y consejeros y concejales. Se debería reunir como mínimo una vez cada semestre y tendrá como funciones, entre otras, llegar a acuerdos sobre transferencias y delegaciones.

Biel recordó que esta norma, junto con las otras cuatro que ha presentado su partido en las Cortes (sobre las diputaciones provinciales, sobre ríos, consejeros comarcales y de actualización de derechos históricos), es condición "básica" para alcanzar cualquier acuerdo de gobierno en mayo. Además, la enmarcó en el propósito de "aragonizar las elecciones".