El 'macroconcurso' de la DGA, con retraso pero paso firme

A finales de 2011, el exconsejero aragonés de Economía y Hacienda, Mario Garcés, se reunió con los sindicatos para explicarles las líneas maestras del 'macroconcurso' que pretendía llevar a cabo en la Diputación General de Aragón (DGA) y que afectaba a unos 1.500 trabajadores de los más de 8.000 que tiene la esta Administración.

Garcés esbozó un calendario, según han explicado algunas fuentes sindicales, en el que el primer plazo del 'macroconcurso' estaba fijado para llevarse a cabo a finales de enero, algo que no ha tenido lugar aún, según indican los sindicatos.

Desde el departamento de Hacienda y Administración Pública de la DGA explican que el proceso no se ha parado en ningún momento – “es un compromiso adquirido que continúa”, dicen – e indican que es “un proceso muy complicado” que se irá operando durante todo 2012. Precisamente en la complejidad del proceso residiría este pequeño retraso, aunque algunas fuentes sindicales indican que también se podrían estar produciendo “algunas resistencias internas”.

Voluntad total de continuidad

“El actual consejero – José Luis Saz Casado – ya dijo en las Cortes que acabar con la temporalidad era una de sus prioridades”, agregan las mismas fuentes. Los sindicatos son conscientes de que este proceso es de difícil ejecución y comprenden el retraso.

Esta disposición del actual Gobierno es bien recibida por los sindicatos. “Una empresa como esta sin una voluntad política no es fácil de llevar a cabo”, reflexiona Daniel Alastruey, responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

La primera vez que se realiza en mucho tiempo

Para que el 'macroconcurso' se lleve a cabo, es necesario realizar las Relaciones de Puestos de Trabajo (también conocidas por sus siglas, RPT) de cada uno de los departamentos de la Administración aragonesa. Se trata de organismos grandes, en muchos casos que, además, como apunta Pablo Asín, presidente del sector de Administración Autonómica del sindicato CSIF, “con el cambio de Gobierno han visto cómo se modificaban sus estructuras”.

“Cuando se nos presentó el calendario ya dijimos que era un poco atrevido”, dice Daniel Alastruey, “pero eso no nos preocupa tanto como el hecho de que suponga una pérdida de puestos de trabajo”, añade.

Desde el sindicato CSIF indican que el 'macroconcurso' no supone dinero a la Administración porque solo afecta a movilidad interna: se trata de puestos de trabajo ocupados y con un sueldo asignado. Cuando haya finalizado este proceso, se obtendrá una 'radiografía' de la actual Administración.

Lo que se pretende con este proceso es acabar con la temporalidad dentro de la Administración, así como conseguir que cada persona ocupe el puesto de trabajo que le corresponde. “Hay personas que llevan diez años ocupando un puesto de trabajo cuando la ley marca un máximo de seis meses”, indice Pablo Asín. “Al final de todos estos puestos siempre hay un interino”, añade, por lo que esta iniciativa también pretende acabar con la interinidad.