El consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, Mario Garcés, ha anunciado el inicio, en octubre, de un "macroconcurso" en la administración autonómica dirigido a erradicar la temporalidad en la función pública y la elaboración de una Ley de Empleo Público de Aragón.

El consejero ha hecho esta afirmación a los medios de comunicación tras mantener una primera reunión con los sindicatos UGT, CC. OO. y CSI-CSIF, convocada para exponerles las principales líneas de acción de su departamento en materia de empleo público.

Garcés ha destacado que el macroconcurso, que se realizará en fases a lo largo de un año, permitirá dar estabilidad a unos 1.500 empleados públicos que se encuentran desde hace tiempo en situaciones provisionales de comisión de servicios o de adscripciones temporales.

El consejero ha admitido que no descarta realizar en las próximas semanas una amortización de plazas vacantes, tanto algunas que queden liberadas en el macroconcurso como otras actualmente sin cubrir, aunque ha indicado que el proceso no alcanzará los porcentajes del cien por cien de otras comunidades autónomas.

Ha señalado, en cualquier caso, que "nadie tenga miedo" si las provisiones temporales de trabajo a las que se dirigirá el macroconcurso se han realizado bajo los principios de mérito y capacidad, pero ha advertido de que actuarán si alguna de estas plazas se han cubierto "bajo otros principios".

Este proceso, según ha comentado, se iniciará en los niveles superiores de la administración y continuará en dirección descendente, lo que permitirá liberar plazas temporales y consolidar otras indefinidas.

"Desgraciadamente -ha resaltado- la falta de convocatorias de concursos durante años había convertido un sistema excepcional de provisión de puestos de trabajo en un sistema ordinario".

Garcés ha destacado que este macroconcurso no incluye al personal sanitario ni educativo de la Comunidad aragonesa, cuya remodelación será objetivo de un "tratamiento específico" en colaboración con los titulares de ambos departamentos.

"Superdotación" de vacantes

Ha admitido que la Administración tiene una "superdotación" de vacantes, pero ha descartado una amortización generalizada ya que a efectos de liquidación presupuestaria no suponen carga alguna, y a nivel estratégico provocaría una situación de "asfixia" en cuanto a la posibilidad de los funcionarios de promocionarse y a la capacidad de los servicios públicos de reorganizarse.

En cuanto a la Ley de Empleo Público anunciada, el consejero ha comentado que el proceso de elaboración comenzará en noviembre con unas jornadas que darán cabida a los sindicatos para escuchar sus opiniones, y tratar de consensuar posiciones.

Esta ley, que Garcés tiene previsto presentar como anteproyecto en las Cortes de Aragón la próxima primavera, buscará garantizar los principios de capacidad y mérito así como la transparencia en el acceso a la función pública, dará seguridad jurídica a los funcionarios en sus puestos y avalará la negociación con los sindicatos como pieza esencial del sistema.

A juicio del responsable político, "una Ley de Empleo Público en Aragón sin el acuerdo de todas las formaciones sindicales está abocada al fracaso".

Garcés, que se ha comprometido a incluir a las administraciones locales en el proyecto de ley, ha calificado de "positiva" la reacción de los sindicatos a sus propuestas, aunque ha admitido la posibilidad de que algunas cuestiones, como la amortización de plazas, provoque desacuerdos con estas organizaciones.

Ha anunciado, además, su intención de hacer públicas todas las relaciones de puestos de trabajo en la Comunidad, lo que permitirá a los funcionarios y a cualquier ciudadano conocer todos los puestos existentes en la administración, así como sus retribuciones.

Tras el encuentro, el responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Daniel Alastruey, ha valorado la voluntad de diálogo del consejero, pero ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno aragonés "aproveche" el macroconcurso para recortar empleo público.

Por esta razón, Alastruey ha planteado la necesidad de que este macroconcurso se complemente con una oferta extraordinaria de empleo público en 2012 que permita garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo de los interinos afectados por el proceso.

El secretario general de Servicios Públicos de CC. OO. en Aragón, Enrique Gracia, también se ha manifestado preocupado ante la posibilidad de destrucción de empleo público, y ha anunciado que su sindicato mantendrá una actitud de "vigilancia".

En su opinión, "existe la tentación de querer cuadrar las cuentas públicas y de reducir el gasto reduciendo el empleo público y amortizando plazas", especialmente las que ocupan mayoritariamente en la actualidad interinos.

Por su parte, el presidente de CSI-CSIF en Aragón, Luis Güerri, ha agradecido el desbloqueo de los concursos en la Administración autonómica y el anuncio de redacción de una Ley de Empleo Público que, según ha afirmado, permitirá modernizar la función pública y mejorar la atención al ciudadano.