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JUSTICIA DE ARAGÓN

El Justicia vuelve a denunciar la escasez de medios para los tutelados por la DGA

La falta de medios para atender a las personas tuteladas por el Gobierno aragonés ha vuelto a ser puesta en evidencia por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente. La Institución viene recibiendo quejas motivadas por esta situación con cierta asiduidad, especialmente cuando el enfermo ha desbordado las posibilidades de atención domiciliaria, por la negativa a la toma de medicación, agresividad o trastornos conductuales.

El último caso es el de un hombre de 44 años, que tiene diagnosticada esquizofrenia desde hace más de 25 años y con la tutela asignada a la DGA. Su madre recurrió al Justicia de Aragón preocupada por su estado, ya que no sigue de forma constante el tratamiento médico y se niega a un someterse a una deshabituación del alcohol.

En la sugerencia remitida recientemente a la consejería de Servicios Sociales y Familia del Ejecutivo autonómico. Fernando García Vicente pone de manifiesto que las demandas ciudadanas revelan "la insuficiencia de plazas públicas o concertadas en centros residenciales". Además, añade que en la mayoría de los casos las familias no pueden asumir el coste privado de estas estancias.

Asimismo, constata que la problemática se agrava cuanto más complicada es la situación del paciente (pluripatologías, trastornos asociados, cronicidad, agresividad, conductas asociales, consumos tóxicos), y surgen "mayores obstáculos" para su internamiento o para la adopción de las medidas sociosanitarias adecuadas.

García Vicente subraya que, tras cada persona incapacitada, hay unas circunstancias particulares, personales y familiares que exigen "una atención específica". En este sentido, recuerda que el artículo 124 de la Ley aragonesa dispone que el tutor del incapacitado no está obligado a tenerle en su compañía, pero "debe procurarle la atención especializada que requiera, así como promover la adquisición o recuperación de su capacidad y su mejor inserción en la sociedad".

Un expediente de oficio

El Justicia vuelve así a insistir en denunciar los recursos insuficientes de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos. Ya lo hizo en julio del año pasado en un expediente incoado de oficio.

En el último año ha descendido ligeramente el número de personas tuteladas por el Gobierno de Aragón. A 31 de diciembre de 2006 era de 582, mientras los procedimientos acumulados hasta diciembre de 2007 ascendían a 569, según datos facilitados desde el departamento de Servicios Sociales.

Por situaciones judiciales, 427 tienen una tutela, 88 curatela (asistencia legal parcial, para completar las limitaciones del afectado) y 54 un proceso de incapacitación. Por provincias, 324 residen en Zaragoza, 91 en Teruel y 154 en Huesca.

En un porcentaje muy poco significativo predomina el número de varones respecto al de mujeres (303 hombres y 266 féminas). El tramo de edad de los afectados se sitúa entre los 31 y 64 años. El 74% de los ciudadanos tutelados se hallan en algún centro residencia, ya sea de carácter público o privado, frente a un 26% que permanece en su domicilio u otro tipo de alojamientos como hostales y pensiones.

Acerca de la situación del hombre de 44 años de edad que ha motivado esta sugerencia, el Justicia recomienda tanto a la Comisión de Tutela como a la servicios de Salud correspondientes al Ejecutivo autonómico que realicen las gestiones necesarias para que se cumpla con lo dispuesto en la sentencia de su incapacitación.

Conducido por la fuerza pública

La resolución de un juzgado de primera instancia aragonés, de junio de 2006, dispone que solo en el caso de que por el centro médico o por sus familiares se constate que no sigue el tratamiento, podrá ser conducido por la fuerza pública a las citas médicas y tomar medidas conductores a la toma de la oportuna medicación.

Asimismo, la institución determina que el centro médico deberá valorar además la posibilidad de establecer la prescripción de una adecuada medicación revulsiva del alcohol, para tratar de reducir la adicción al mismo, dada la imposibilidad de acordar un tratamiento de desintoxicación sin la voluntad del enfermo.

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