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Aragón

LAS QUEJAS DE LOS ARAGONESES

El Justicia plantea un debate sobre si la Sanidad pública debe ser totalmente gratuita

La institución presentó su resumen de actividad de 2007, cuando los asuntos educativos fueron los que más expedientes generaron.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, planteó ayer durante la presentación de su informe correspondiente al año 2007 la necesidad de que la sociedad abra el debate sobre el posible pago de los servicios sanitarios. García Vicente hizo esa reflexión tras recordar que muchas de las quejas que llegan a su institución desde el ámbito sanitario tienen que ver "no con la buena o mala gestión, sino con la falta de recursos".

Esta realidad le hizo plantear el debate de la financiación de la Sanidad. El Justicia recordó que si las Administraciones tienen que dar cada vez más servicios sin aumentar los recursos de los que disponen, ese déficit se traducirá en una merma en la calidad del servicio. "Nadie puede quedarse sin asistencia por falta de recursos -aclaró García Vicente-, pero habría que plantearse si una pequeña parte de la atención sanitaria sí debería pagarse".

No es la primera vez que, desde diferentes sociedades sanitarias se plantea esta opción, que otros países ya han adoptado. Por ejemplo, en Alemania, acudir al médico de cabecera puede costar unos 10 euros cada vez. Algunos gestores insisten en que no es un precio demasiado elevado, y desanima a quienes no se encuentran realmente enfermos.

El Justiciazgo aragonés también destacó la necesidad de incentivar y reconocer a los especialistas médicos, especialmente en el medio rural; la atención residencial al enfermo mental y que se dote de pediatras los fines de semana en los puntos de atención continuada, de acuerdo con las quejas formuladas por la sociedad.

No obstante, el Justicia abordó ayer otros asuntos en la presentación del informe anual de 2007 de esta institución.

El año pasado, Educación encabezó, con 178 expedientes, los requerimientos de la ciudadanía en aspectos como el empadronamiento falseado para conseguir la admisión de hijos en determinados colegios, que supuso incluso la contratación por parte de algunos padres de detectives privados.

También hubo protestas por la lejanía del colegio asignado a los hijos; la falta de equidad en el reparto de población inmigrante en los colegios (que causó que en alguno llegara a haber en una clase un único niño de origen español); o la escasez de guarderías públicas, sobre todo en Alcañiz, Calamocha y Tarazona.

El Justicia reclamó mayor transparencia y publicidad en los procesos selectivos de la Función Pública, que ocupó el segundo lugar en cuanto a quejas (160), además de mayor flexibilidad en las sanciones de tráfico, y más transparencia informativa en las respuestas a los ciudadanos por parte de Urbanismo, el área que más casos han dejado sin contestar a los requerimientos de la institución.

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