El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha pedido al Gobierno aragonés que delimite las competencias de los Departamentos de Educación, Cultura y Deporte y de Servicios Sociales y Familia en materia de atención a la infancia.

Asimismo, le ha sugerido que regule "de forma más precisa" la organización y funcionamiento en Aragón de centros que no responden al modelo educativo formal y a los que asisten menores diariamente y durante una larga jornada.

Además, ha solicitado que la Administración aragonesa adopte las medidas oportunas para ejercer con rigor tareas de control y supervisión de todos los servicios destinados a la infancia que funcionan en la Comunidad autónoma.

García Vicente se ha pronunciado así en un expediente realizado tras recibir una queja en la que una familia informa de que dejó de llevar a su bebé de diez meses a un colegio porque sufrió, estando en él, un golpe en la cabeza del que no se le dio cuenta y sobre el que no recibió información de forma personal de la directora del centro. Además, tampoco pudo formular una reclamación porque no había libro de reclamaciones.

El Justicia de Aragón inició el expediente y se dirigió al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que le contestó que ese colegio no figura entre los autorizados como centro privado de Educación Infantil en el servicio provincial correspondiente.

Por su parte, el Departamento de Servicios Sociales y Familia de Aragón le indica al Justicia que el centro de atención a la infancia objeto de la queja "no queda incluido en el ámbito propio de este Departamento, no siendo posible informar sobre los hechos ni llevar a cabo actuación alguna para su comprobación o esclarecimiento".

Mayor delimitación

La Institución del Justicia ha señalado, ante las citadas respuestas de los Departamentos de Educación, Cultura y Deporte y Servicios Sociales y Familia de Aragón, que "es preciso delimitar más específicamente las competencias de los distintos Departamentos del Gobierno de Aragón en materia de atención a la infancia".

Al respecto, ha precisado que "si bien las distintas entidades implicadas deben concretar responsabilidades y compromisos, es competencia de la Diputación General de Aragón asegurar que la prestación de estos servicios para menores de 0 a 3 años, ya sean públicos o privados, reúnen unas condiciones mínimas que garanticen el nivel de calidad necesario".

Para eso, ha agregado, "el organismo competente habrá de ejercer tareas de supervisión e inspección, tanto inicialmente en el momento de la apertura y puesta en funcionamiento de un determinado centro, como posteriormente en el seguimiento de su actividad".

El Justicia también ha manifestado que según la legislación vigente la Administración de la Comunidad Autónoma promocionará los centros de atención a la primera infancia que no estén autorizados como centros de educación infantil y facilitará que todas las familias puedan acceder a ellos.

Asimismo, el Gobierno de Aragón debe regular dichos centros para que los menores "sean atendidos y educados con las debidas garantías, estableciendo los mecanismos de control periódicos necesarios para vigilar que se cumplan los requisitos fijados".

Así, "la Administración aragonesa ha de velar por la correcta organización y funcionamiento del colegio aludido en esta queja, aun cuando no fuera un centro que imparte Educación Infantil, garantizando en todo caso que se dispensa a los menores el preceptivo buen trato y la atención que precisan desde el punto de vista de la salud, la seguridad y la educación".

Cierto vacío normativo

El Justicia de Aragón también ha advertido de que "hay un cierto vacío normativo que posibilita que, sin ningún tipo de autorización, supervisión o control por parte de organismo administrativo alguno, funcione un colegio de estas características, en el que las familias delegan el cuidado y formación de sus hijos menores de 6 años durante muchas horas al día".

"Desconocemos el número de centros que funcionan en estas mismas condiciones en Aragón, pero, en todo caso, es preciso establecer una regulación para garantizar que en ellos se presta a los niños una adecuada atención", ha señalado la Institución del Justicia.

Asimismo, en las consideraciones jurídicas, se sostiene "que el interés superior del menor debe primar sobre cualquier otro interés concurrente y estimamos que también debe ser así en el diseño de las políticas de infancia al planificar la oferta de servicios destinados a los niños".