El Justicia de Aragón pide al Departamento de Educación que imponga sanciones más efectivas y disuasorias a aquellos padres que presentan documentación falsa para conseguir plazas en el colegio deseado con el fin de que no se transmita la sensación de impunidad. Fernando García Vicente considera que el sistema debería garantizar en todos los casos, y no solo en los que se denuncian, que la documentación presentada por los solicitantes se ajusta a la realidad. Por ello, insta a la Administración a actuar de oficio cuando existan indicios, aunque no se aporten pruebas fehacientes que lo demuestren -y que a su juicio son costosas en tiempo y dinero de conseguir-.

"Somos conscientes de las dificultades que entraña esta tarea, mas es preciso insistir en la necesidad de evitar que las familias aprecien impunidad cuando algún solicitante comete de forma intencionada una irregularidad", señala el Justicia en su resolución.

La institución ha enviado a la DGA esta sugerencia tras recibir la queja de unos padres que criticaban que cuando se descubre un fraude, el tramposo apenas pierde, ya que se le quita la plaza asignada, pero se da otra intentando ajustarse a la lista de preferencias que entregan los progenitores, lo que -según ellos- no disuade de cometer fraude.

En su informe, García Vicente incide también en la necesidad de que Educación no deje que recaiga sobre las familias todo el peso de recabar pruebas para poder denunciar un fraude. "Para iniciar una investigación, la DGA exige que los reclamantes aporten pruebas que acrediten sus aseveraciones lo que aboca a esas familias a invertir muchísimo tiempo y dinero, recurriendo la mayoría de los casos a la contratación de detectives privados", expone el Justicia.

Este añade que esa situación hace que solamente los padres con más recursos económicos puedan presentar una denuncia con documentación suficiente para que la Administración intervenga. Para García Vicente, la solución sería que fuera la DGA quien cruzara los datos facilitados por los organismos estatales y autonómicos para verificar los casos sospechosos: domicilio fiscal, centro de salud al que acuden, multas de tráfico, etc.

Sin cambios en la normativa

Las sugerencias del Justicia recogen el sentir de las decenas de padres que cada año presentan denuncias por fraude escolar, pero de momento, el Departamento de Educación no se plantea introducir modificaciones en las sanciones por este tipo de infracciones. Según han repetido en varias ocasiones los representantes de la Consejería, lo que se pretende es no perjudicar al menor, que no tiene culpa de que sus padres hayan presentado documentos que faltan a la verdad.