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EN LAS CORTES DE ARAGÓN

El Justicia ofrece mediar oficialmente entre ciudadanos y administraciones

Las quejas ciudadanas ante la institución del Justicia, ha explicado, no han aumentado en 2010 de forma significativa, pero sí se ha detectado un cambio en su importancia, ya que han sido "de mucha más enjundia".

El Jusicia de Aragón en las Cortes de Aragón
El Justicia ofrece mediar oficialmente entre ciudadanos y administraciones
JAVIER CEBOLLADA

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha pedido este miércoles a los grupos parlamentarios de las Cortes que analicen y acepten "con mente abierta" la posibilidad de que esta institución pueda asumir oficialmente la labor de arbitraje y mediación entre los ciudadanos y sus administraciones, con una mayor aceptación, por tanto, de sus sugerencias y recomendaciones.

A pesar de que el Justicia de Aragón ya entregó en abril de este año el informe anual correspondiente a 2010 al entonces presidente del Parlamento, Francisco Pina, este miércoles ha expuesto su contenido ante los diputados, a quienes ha insistido que su labor podría ir "más allá" de la que actualmente desempeña para adoptar un rol de mediación que, a su juicio, es una forma "mucho más barata y rápida" de avanzar en la resolución de conflictos.

Las quejas ciudadanas ante la institución del Justicia, ha explicado, no han aumentado en 2010 de forma significativa, pero sí se ha detectado un cambio en su importancia, ya que han sido "de mucha más enjundia", y también en la forma en la que se han presentado.

De 1.842 quejas presentadas en 2009 se ha pasado a 2.090 en 2010, pero el número de personas que interpusieron su queja de forma presencial y no por teléfono o internet ascendió un 16%, pasando de 881 a 1.207.

Para García Vicente esto significa que versaban sobre cuestiones y situaciones personales más dramáticas, relacionadas con la crisis económica que los ciudadanos prefieren exponer personalmente.

Recomendaciones del Justicia

A raíz de estas quejas, en 2010 el Justicia formuló 266 recomendaciones y sugerencias a las administraciones (129 a la autonómica, 134 a las locales y 3 a otras), de las que 161 fueron aceptadas total o parcialmente y 40 rechazadas.

Pero 31 no recibieron respuesta y 34 están pendientes de ella, algo que preocupa mucho a García Vicente, puesto que la gran mayoría de los requerimientos ciudadanos se basan en el poco caso que se les hace y en la poca información que reciben de las administraciones.

Por eso ha dicho que las administraciones deben de hacer un esfuerzo por contestar, porque eso da "seguridad jurídica" y porque contribuye a que las instituciones sean "más fiables".

En esta línea, la diputada del PP Yolanda Vallés y el de CHA José Luis Soro han coincidido en la necesidad de implementar medidas para que las sugerencias y resoluciones del Justicia tengan un resultado "real" y éste sea un cauce oficial entre las instituciones y sus administrados.

Para Vallés, parece que las administraciones, especialmente las locales, están "perdiendo cercanía y transparencia" y por eso es "fundamental" instaurar "algún tipo de control" o "modificación" que garantice que las resoluciones del Justicia se cumplen.

Eduación, el mayor número de expedientes

Por materias, el mayor número de expedientes tramitados correspondió a Educación, con 213 quejas, seguido de Función Pública, con 173, y Sanidad, con 169.

Pero en cuanto a las sugerencias, el mayor número tuvo que ver con Urbanismo (53) seguido de Función Pública (33) y Educación (30).

En cuanto a asuntos específicos, García Vicente ha dicho que se continúan recibiendo quejas sobre la existencia en Aragón del Impuesto de Sucesiones, posibilidad que han rechazado Soro y el portavoz de IU, Adolfo Barrena, quienes también se han interesado por la opinión de Justicia sobre el hecho de que el presidente de las Cortes, José Ángel Biel, vaya a presidir la Comisión Bilateral Aragón-Estado.

García Vicente ha rehusado dar su opinión sobre esos 2 asuntos, y al respecto del segundo ha precisado que solo hablará de ello cuando la Comisión Bilateral adopte alguna decisión que vaya "contra los intereses de Aragón o contra el Estatuto de Autonomía".

Sobre la devolución de los bienes de las parroquias de la zona Oriental de Aragón, ha recordado la existencia de "sentencias firmes" que ordenan el retorno de las piezas, y ha indicado que habría que pedir el cumplimiento del Concordato y, por tanto, la ejecución de esta sentencia al Nuncio en España o al propio Vaticano y que, en caso contrario, sería conveniente acudir a los tribunales ordinarios.

En esta línea, para Barrena y Soro el problema está en la propia existencia del Concordato, una "herencia franquista" que supone que España acepte la "injerencia" de tribunales extranjeros.

María Victoria Broto (PSOE) ha defendido la institución del Justicia, que tiene encomendada "la defensa de los más débiles" y la ha sugerido que en esta época de crisis tenga en cuenta a los más necesitados y que las políticas de austeridad "no pueden llevar a la pérdida de servicios sociales".

Y el portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha pedido su colaboración para la promulgación de la Ley de Derechos Históricos de Aragón que se va a tramitar esta legislatura por estar incluida en el Pacto de Gobernabilidad firmado por aragonesistas y populares.

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