El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha asegurado hoy que los depósitos municipales para detenidos ubicados en cabeceras de partidos judiciales de la Comunidad adolecen de deficiencias en sus instalaciones, por lo que ha incidido en la necesidad de llevar a cabo mejoras.

García Vicente ha hecho esta reclamación en la presentación, en rueda de prensa, de un informe sobre los depósitos municipales de detenidos de Monzón, Barbastro y Fraga, en Huesca; de Ejea de los Caballeros y Calatayud, en Zaragoza; y de Alcañiz, en Teruel.

El informe se ha limitado a estos cinco calabozos ya que el resto de municipios cabecera de partido judicial, Boltaña y Jaca (Huesca); Caspe, Tarazona y La Almunia de Doña Godina (Zaragoza); y Calamocha (Teruel), han renunciado a ofrecer este servicio a pesar de estar obligados por ley a prestarlo.

La 'oportunidad' del informe no sólo se deriva de la preocupación de la ONU por la situación de los presos, sino por el gran número de personas que puede llegar a pasar hasta 72 horas a disposición de la policía o de la autoridad judicial. En concreto, en 2010 el depósito de Ejea de los Caballeros albergó 77 detenidos, 124 el de Monzón, 53 el de Barbastro, 15 el de Calatayud, 91 el de Alcañiz y 20 el de Fraga.

El informe pone de manifiesto que los depósitos se ubican en dependencias de la Policía Local, generalmente en la sede principal de los propios ayuntamientos, lo que en opinión del Justicia provoca situaciones «penosas» derivadas de la imposibilidad de salvaguardar la intimidad de los detenidos.

Se trata de locales pequeños, ubicados generalmente en sótanos, con espacios divididos en dos o tres celdas y suelen carecer de luz natural y, en algunos casos, de calefacción. En concreto, ha precisado que sólo los depósitos de Ejea y Barbastro disponen de ducha, mientras que los de Calatayud, Alcañiz y Fraga no disponen de calefacción para resguardarse del frío.

Las estancias de los presos, que pueden ser de hasta 72 horas de duración, se desarrollan en condiciones «lamentables» ya que la higiene de las instalaciones se encuentra en un nivel límite y, en varios casos, «por debajo de lo aceptable».

Además de carecen de medidas de seguridad como detectores de humo, ventilación e interfonos, y sólo en el depósito de Ejea de los Caballeros, el que reúne las mejores condiciones de toda la Comunidad, según el Justicia, hay instaladas cámaras de seguridad, aunque enfocadas al interior de las celdas y no a las zonas comunes.

También resalta el informe que la custodia y cuidado de los detenidos es ejercida por policías locales, y destaca que aunque se puede considerar correcta, estos agentes carecen de la formación y preparación de que disponen los funcionarios de prisiones.

Por la atención prestada, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias paga, desde marzo del año 2000, 35,44 euros por detenido y día, cantidad con la que, según el Justicia, los municipios apenas pueden costear los gastos de manutención.

El Justicia propone instar al Defensor del Pueblo a propiciar convenios entre Instituciones Penitenciarias y los municipios para dotar a este servicio de los medios humanos, materiales y económicos necesarios para una «adecuada» prestación.

Además, formula una sugerencia al Gobierno aragonés para que valore a su vez la posibilidad de suscribir convenios tanto con la Administración central como con los ayuntamientos para dotar a los depósitos de los recursos necesarios, y desarrollar cursos de formación dirigidos a los policías locales encargados del servicio.

A los ayuntamientos que no han asumido la prestación del servicio les insta a proceder a habilitar depósitos para detenidos «en el momento en que por parte de la administración se les dote de los medios suficientes y en la medida en que las actuales circunstancias económicas lo permitan».