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Aragón

SEGÚN UN INFORME PEDIDO POR IU

El Justicia avala la ley de Gran Scala y afirma que cumple el Estatuto y la Constitución

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha avalado la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad -que permite la instalación de Gran Scala en la Comunidad- y considera que "es acorde con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía". La institución responde así a la solicitud de IU para que analizara los indicios de inconstitucionalidad que -a su juicio- existían en esta norma. No en vano, tanto los servicios jurídicos de las Cortes como los de la DGA los han advertido en sendos informes.

Sin embargo, el Justicia discrepa en los puntos en los que los jurídicos han observado dudas de constitucionalidad. Por ejemplo, en la consideración de un proyecto privado como Gran Scala de interés social para poder expropiar suelos, cree que está justificado por el impulso que suponen estos proyectos en la economía, sobre todo, en la generación de empleo. Se apoya en una sentencia del Supremo -relacionada con Port Aventura- que señala que la causa de expropiación no tiene que estar relacionada solo con la realización de obras o la implantación de servicios públicos, ya que la sociedad "cambiante y contemporánea" incluye otras finalidades de orden económico, recreativo y turístico.

Respecto a la invasión de la autonomía municipal con la creación de la figura del consorcio (integrado por ayuntamientos, comarcas y la DGA), el Justicia considera que la "gestión coordinada" de actividades entre administraciones está regulada y que, en este caso, "es más garantista" ya que prevé que los ayuntamientos tengan derecho a veto en asuntos de su competencia.

El Justicia también opina que "el hecho que de que ya exista una ley que regule esta materia (el juego) con carácter general (...) no es obstáculo para la aprobación de normas posteriores, de igual rango, que ordenen estas cuestiones como ocurre con la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad".

Tampoco considera que la ley pueda incumplir el principio de seguridad jurídica de la Constitución en algunos de sus términos como la regulación de infracciones. No obstante, el Justicia reconoce que es el Tribunal Constitucional "el garante máximo de nuestra Constitución" el responsable de "la interpretación última".

Acción política

Más allá de esto, García Vicente confiesa que no entra a valorar la conveniencia y oportunidad de los proyectos porque "forman parte de lo que se denomina acción política de gobierno en la que puede haber posturas legítimamente divergentes y cuestiones opinables, sin que ello afecte a la constitucionalidad de la ley".

No obstante, insta al Gobierno de Aragón a que "informe y motive las resoluciones que se adopten en desarrollo de la ley ya que la transparencia es una garantía necesaria para permitir su control". También pide que la ley "se cumpla en sus estrictos términos y en correcta interpretación, considerando el especial supuesto de hecho que regula".

Recomienda que una parte de los ingresos de la actividad se destinen a formación, prevención y disminución de los efectos de adicciones, como la ludopatía, y de otras patologías sociales.

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