El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha propuesto a las Cortes recortarse el sueldo en un porcentaje menor que el de los diputados del Parlamento y, por supuesto, por debajo de lo que lo hará el presidente de la Cámara, Francisco Pina. En una carta -en respuesta a la petición de las Cortes de fijar su rebaja-, García Vicente pide que su reducción se asimile a la que registrarán tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el fiscal superior y no a los altos cargos de la Comunidad como el presidente del Gobierno o el del Parlamento.

Estima que son a aquellos a quien debe equipararse por tener "rasgos y carácteres semejantes" tanto en sus funciones como en la estructura de sus retribuciones (estos puestos no disponen de gastos de viaje y manutención como los diputados). No obstante, hay que recordar que el Justicia está considerada la tercera institución de la Comunidad. En su propuesta, García Vicente, que cobra 5.848,60 euros brutos mensuales, solicita que se le aplique una rebaja del 9,73% en su retribución básica (2.251,80 euros al mes) y un 6% en el resto (3.596,80 euros). Con esta rebaja se reduciría en 329 euros mensuales su salario. Los diputados, en cambio, verán rebajada su nómina en un 10% en el sueldo base y entre un 10% y 12%, en los complementos.

Sin embargo, las Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces rechazaron ayer por unanimidad esta propuesta y decidieron aplicarle el mismo porcentaje de bajada que al presidente de las Cortes. Es decir, un 10% en el sueldo base y un 15% en los complementos, lo que supone al mes una bajada de 764 euros (sin contar los trienios). Al presidente Marcelino Iglesias se le aplica un recorte de unos 671 euros mensuales en un sueldo de 6.450 euros y a Francisco Pina, de 817 sobre 6.554 euros mensuales.

Precisamente, el Justicia de Aragón ya dejó ayer entrever en su intervención, en el pleno monográfico sobre su informe anual, su disconformidad con esta medida. "No es solución para resolver los problemas de la administración bajar los sueldos de los funcionarios", aseveró. "Una cosa es ser solidario para atender a aquellos que no tienen nada -argumentó con cierta crítica- y otra serlo para desarrollar proyectos que puede ser más o menos necesarios y discutibles".

Recuperar el poder adquisitivo

Pero fue más allá. Y planteó que "para que fuera justa" esta iniciativa debería plantearse como algo transitorio y que "tan pronto como las condiciones económicas lo permitan", los funcionarios recuperen su poder adquisitivo. Además, lanzó algunas propuestas para que la administración "sea una carga menor": mejorar la movilidad, modificar el sistema de categorías profesionales, facilitar el control...

Esta iniciativa, sin duda, será bien recibida por todos aquellos trabajadores de las administraciones públicas que ayer percibieron su primera nómina ya menguada. La DGA ahorrará 158 millones.