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JUVENTUD

El Justicia alerta del aumento de la delincuencia juvenil

Fernando García Vicente ha explicado que la mayoría de las conductas delictivas están relacionadas con la falta del soporte familiar o el consumo de drogas.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente
El Justicia pide que respeten su independencia
EFE

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha asegurado que la delincuencia juvenil ha aumentado de forma «exponencial» en los últimos años, sobre todo en los casos de agresiones y robos, por lo que ha instado a las instituciones a poner en marcha medidas de prevención y educación que faciliten la intervención precoz en estos casos.

El Justicia ha presentado el Informe sobre 'Necesidades asistenciales de la población con alto riesgo de delincuencia en Aragón' en la Comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón, donde ha remarcado que en la Comunidad, en el año 2008, un total de 387 menores fueron condenados, el 40% por más de un delito y en el 90% de los casos por robo y agresiones.

En el informe se asegura que son jóvenes sin soporte familiar, consumidores de drogas y víctimas del fracaso escolar, por lo que se debe apostar por la intervención precoz en estos casos, a través de centros educativos y agentes sociales, ha dicho.

Enfermedad mental

Otro de los colectivos a los que el Justicia ha prestado una especial atención ha sido el de personas con enfermedades mentales, teniendo en cuenta que en otro tiempo eran internadas en centros sanitarios de larga estancia y ahora «son focos de conflictos sociales y familiares» para quienes muchas veces «el centro penitenciario se convierte en un centro de salud mental».

García Vicente ha remarcado que en la mitad de los casos la enfermedad mental no había sido detectada antes de ingresar en prisión, y por ello ha propuesto que se garantice la continuidad de cuidados para estos enfermos crónicos, aumentar hasta al menos 100 las plazas en comunidades terapéuticas y centros de deshabituación para personas con abuso de sustancias psicoactivas, atención específica penitenciaria y sanitaria y potenciar los servicios ambulatorios.

En definitiva, el Justicia ha apostado por la puesta en marcha de medidas alternativas a la prisión, como por ejemplo los trabajos en beneficio de la comunidad, que serían necesarios 4.000 en Zaragoza y sólo se ofertan 500, ya que es la única manera de garantizar la reinserción de estas personas en la sociedad.

En algunos casos la pena de privación de libertad es necesaria e incluso imprescindible, pero en otros es evitable y se puede optar por alternativas, ha dicho García Vicente en la presentación del informe, en el que se recuerda que la Comunidad Autónoma acoge tres de los 77 centros penitenciarios existentes en España: Zuera, Daroca y Teruel, donde hay 2.603 internos.

Casi el 50% de estos presos se relacionan con el abuso y la dependencia de las drogas, por lo que se trata de un aspecto a tener en cuenta a la hora de fomentar nuevas formas de actuación, y una de ellas es la prevención y la sensibilización de la población al respecto, sobre todo teniendo en cuenta el alto porcentaje de reincidencia, que demuestra que la reinserción, actualmente, no funciona.

Favorecer la desintoxicación, mejorar la calidad de vida familiar y evitar el aislamiento social de estas personas, aplicar sanciones económicas para compensar las consecuencias del hecho, estancias en instituciones no penitenciarias o facilitar el acceso de los reclusos a un empleo son otras de las propuestas del Justicia.

Ha querido dejar claro que estas medidas se pueden poner en marcha a pesar de la crisis económica y el ajuste al que están sometidos los presupuestos de las instituciones, y ha insistido en que el coste anual de un preso en una cárcel española asciende a 25.000 euros.

Elevada ocupación de las cárceles

Durante la comparecencia, el Justicia ha dicho que, en su opinión, la elevada ocupación de las cárceles españolas, a la cabeza de Europa con 150 presos por cada 100.000 habitantes, a pesar de que la tasa de delincuencia es de las más bajas, se explica porque «la sociedad actual es muy cómoda» y «prefiere quitarse los problemas de encima, en lugar de asumir los riesgos y retos derivados de la prevención, la rehabilitación y la reinserción, razón por la cual hay que impulsar un cambio completo de mentalidad», ha subrayado.

La diputada del PP María Antonia Avilés ha considerado que no existe una política de prevención en la Comunidad, por lo que ha pedido un esfuerzo al Gobierno aragonés para que preste más apoyo a las familias desestructuradas, a la pobreza y a las personas que sufren drogodependencias o enfermedades mentales, teniendo en cuenta que la prevención es la medida más barata y los costes sociales, a la larga, son menores.

Por su parte, Chesús Bernal, de CHA, ha pedido al justicia que «meta más el dedo en la llaga» y sea «más atrevido» en la elaboración de sus conclusiones.

El diputado de IU Adolfo Barrena ha lamentado que en una sociedad «tan rica y opulenta» como la actual no tenga «alternativas» para un problema como el de la población reclusa, y ha remarcado que «la prevención, integración, rehabilitación y recuperación» en este ámbito son palabras que no van acompañadas de ninguna iniciativa contra este «drama social».

Las diputadas del PSOE y del PAR María Cristina Vera y Ana de Salas han coincidido en resaltar varios programas puestos en marcha en este sentido, aunque han reconocido que se debe seguir trabajando.

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