OPERACIÓN MOLINOS
El juez somete al arquitecto de La Muela a una prueba grafológica
Francisco Núñez ratifica que alguien falsificó su firma para justificar una subvención del Instituto del Agua
El juez que instruye la Operación Molinos, Alfredo Lajusticia, sometió ayer a una prueba grafológica al arquitecto de La Muela. Ese ejercicio, similar a un dictado, servirá para que los peritos judiciales determinen si es verdad que, tal y como asegura el propio Francisco Núñez Castillo, su firma fue falsificada en 26 documentos aportados por el Ayuntamiento muelano para justificar una subvención de 635.000 euros del Instituto Aragonés del Agua.
Según un informe realizado por el Departamento de Medio Ambiente después de que saltara el escándalo, aproximadamente el 70% de las 23 obras que deberían haberse ejecutado para poder cobrar ese dinero no se realizaron. Esto ha llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia a imputar distintos delitos al propio arquitecto, a los concejales Juan Carlos Rodrigo Vela y Fernando Barba, a Antonio Fando García -gerente de la empresa Ente Gestor de Nuevas Tecnologías del Agua (NTA), contratista de los trabajos- y a la alcaldesa, María Victoria Pinilla.
El técnico municipal prestó ayer declaración sobre este asunto y ratificó lo que ya había denunciado su abogado en un escrito anterior: que las firmas a su nombre que aparecen en una especie de memorias técnicas que acompañan las facturas aportadas por el Consistorio no son suyas.
El arquitecto aclaró que esos documentos no eran certificaciones de obra, sino simples presupuestos. En cualquier caso, no solo aseguró que las rúbricas que los suscriben fueron falsificadas, sino que sostuvo que eran bastante burdas, y para demostrarlo dio algunos detalles.
Características caligráficas aparte, citó que él nunca firma como "arquitecto municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de La Muela", sino como "técnico municipal" o "arquitecto municipal" a secas. También dijo que siempre pone la rúbrica sobre la antefirma, y no unos centímetros más arriba.
A preguntas de la fiscal, Núñez no se pronunció sobre quién pudo haber falsificado su firma, pero sí explicó que esos asuntos los llevaban el edil Fernando Barba y la interventora municipal.
Los 635.000 euros de la subvención fueron justificados ante el Instituto Aragonés del Agua con más de una veintena de facturas emitidas por la empresa NTA por importes inferiores a 50.000 euros, cantidad que hacía posible la adjudicación de los supuestos trabajos sin necesidad de concurso previo. Cada uno de esos albaranes corresponde a una obra relacionada con el abastecimiento de agua, y todos están firmados y certificados por Barba.
