Los bienes que la familia de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, tiene repartidos por distintos puntos de España han sido intervenidos por orden judicial. Un día antes de que el juez Alfredo Lajusticia firmara la detención de 19 de los implicados en la Operación Molinos, los registros de la propiedad recibieron un fax del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia por el que se ordenaba, textualmente, "la anotación preventiva de prohibición de enajenación y gravamen" de todos los inmuebles.

La medida afecta, al menos, a las propiedades de la alcaldesa, de su marido (Juan Antonio Embarba), de la sociedad que crearon en 1999 para la tenencia y explotación de fincas rústicas y urbanas (Embarba Pinilla SL) y las del primo de María Victoria Pinilla y ex concejal de La Muela (Carmelo Aured). En la lista de bienes intervenidos hay chalés, pisos y apartamentos en la playa, además de garajes y trasteros. Su valor es millonario, ya que solo la casa que tiene la alcaldesa en la lujosa urbanización de Sotogrande costaría un millón de euros y el piso de su primo en la plaza de España, en Puerta Cinegia, tiene una hipoteca de 650.000 euros.

Los inmuebles se reparten por municipios de la provincia de Zaragoza y por la costa andaluza, según se constata en los registros de la propiedad.

El juez también ordenó la intervención de varias cuentas bancarias de los imputados en la Operación Molinos y el registro de cajas de seguridad de bancos de Zaragoza. Los agentes se incautaron de casi 600.000 euros que guardaban en distintas cajas se seguridad de tres entidades bancarias María Victoria Pinilla y el empresario de la sociedad inmobiliaria Aranade, Julián de Miguel.

Las notificaciones de bloqueo se remitieron, entre otros, al registro de la propiedad de Manilva (Málaga), donde constan dos apartamentos de la sociedad Embarba Pinilla SL. Se hicieron por fax, "a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos" del pasado 17 de marzo. El personal del Juzgado de La Almunia necesitó un buen rato para tramitar el bloqueo de todas las fincas ante la acumulación lograda por la familia de la alcaldesa en los últimos años conforme se disparaba la expansión urbanística de La Muela. A las propiedades de Zaragoza les llegó el turno más tarde, "a las diez horas siete minutos".

Beneficios bajo sospecha

Fuentes jurídicas señalaron que la medida adoptada por el instructor del caso pretende evitar que los implicados hagan transacciones con unos inmuebles que han podido acumular gracias a la presunta comisión de delitos. La lista es larga: se les atribuye la comisión de los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la concesión de las subvenciones, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y blanqueo de capitales.

En el caso del primo de la alcaldesa, obtuvo importantes beneficios con la venta de parte de una de las fincas incluidas en el complejo residencial bajo sospecha (SR1), en que se construirán unos 800 chalés y pisos. Carmelo Aured firmó una opción de compra en octubre de 2005 con la gestora inmobiliara imputada, María Jesús V., que le garantizaba unos ingresos de más de un millón de euros. María Jesús V. negoció la cesión a la promotora Comofer, perteneciente al empresario encarcelado José Carlos Fernández Delgado y su hermano Domingo. En este trasiego se elevaron los precios de las fincas de 166 a 295 euros por metro por cuadrado, según consta en los documentos suscritos en su día por los implicados.

La intervención de propiedades no se extiende al empresario Julián de Miguel, presidente de la inmobiliaria Aranade y que ha eludido la prisión provisional con el pago de una fianza de 120.000 euros. En este caso, el juez no ha querido bloquear los bienes y cuentas corrientes para evitar que hubiera dificultades de pago a los proveedores y, especialmente, a los 80 trabajadores de la inmobiliaria.

Estos mismos argumentos sirvieron para fijar su libertad bajo fianza, ya que la fiscalía solicitó el ingreso en prisión del máximo responsable de Aranade. El juez Alfredo Lajusticia optó finalmente por dejar al empresario en libertad con la condición de que presentara avales bancarios por valor de 120.00 euros. De hecho, los directores de dos sucursales de Zaragoza se desplazaron esa misma madrugada a La Almunia de Doña Godina para resolver el trámite y acreditar la solvencia del imputado. En este sentido, el abogado que asiste al empresario, el penalista Enrique Trebolle, recordó al instructor que el grupo Aranade factura al año 25 millones de euros.

Los avales bancarios tienen validez permanente durante el tiempo que la causa judicial siga abierta y tienen por objeto poder afrontar posibles responsabilidades.

En el caso de la alcaldesa, del concejal Juan Carlos Rodrigo Vela y del empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado no han podido eludir la prisión preventiva y los tres permanecen en la cárcel de Zuera. El resto de los implicados en la Operación Molinos están en libertad con cargos.

Tampoco se han intervenido los bienes y cuentas bancarias de otros dos de los imputados, la gestora que actuó como intermediaria, María Jesús V, y su hijo Antonio R. V., escolta del consejero Alfredo Boné, según confirmó la propia familia.