El Gobierno niega al PP el 65% de la información parlamentaria

El portavoz del grupo popular en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, denunció ayer que el Gobierno PSOE-PAR está intentando bloquear su derecho a ejercer el control parlamentario al negarse a responder al 65% de sus solicitudes de información. Suárez aseguró que su partido está dispuesto a reclamar esa información en los tribunales si el Ejecutivo aragonés persiste en su decisión de no entregarla.

De acuerdo con los datos ofrecidos por Suárez, la "falta de transparencia" de la DGA con el principal partido de la oposición se constata en que desde el inicio de la actual legislatura, en junio de 2007, están pendientes de contestar un 12,6% de las preguntas que el PP le ha formulado por escrito. Es decir, que de las 1.373 preguntas planteadas por los diputados del grupo parlamentario popular a los miembros del Ejecutivo, el Gobierno no ha contestado a 174, de las cuales 41 ya están fuera de plazo. Esta cuestión ha generado la presentación de ocho quejas por parte de los populares.

Además, desde junio de 2007 el PP ha presentado 1.213 solicitudes de información, de las que 791 (el 65% ya comentado) están pendientes de respuesta. Por este motivo se han formalizado 253 quejas, de las cuales 101 aún no han recibido respuesta, 16 de ellas incluso desde el mismo 2007.

Pero la cuestión va más allá. Según explicó Suárez, aún están pendientes de contestación 79 preguntas que fueron planteadas en la anterior legislatura, entre junio de 2003 y mayo de 2007, periodo en el que los populares presentaron 2.966. De esas preguntas que se han quedado sin respuesta, una data del año 2004, ocho de 2005, 19 de 2006 y 51 de 2007.

En cuanto a las solicitudes de información durante ese periodo, fueron formuladas 602, y 46 aún están pendientes de contestar, lo que ha generado la presentación de 235 quejas ante el presidente de las Cortes, Francisco Pina, que han llegado a formularse, según Suárez, hasta en 18 ocasiones.

Entre las cuestiones que la DGA se niega a desvelar figuran la petición de la relación de todos los contratos celebrados por la Sociedad Instrumental para la Promoción del Comercio aragonés, o por Araval, la relación de todos los funcionarios en comisión de servicio o de los contratos menores y adjudicados por el procedimiento negociado entre julio y diciembre de 2002 por el Gobierno de Aragón.

"Peor calidad democrática"

Suárez afirmó que las maniobras del Gobierno PSOE-PAR hacen que "la calidad democrática sea cada vez más peor". "Es muy preocupante que la falta de transparencia se haya convertido en una de las señas de identidad de los Ejecutivos de Marcelino Iglesias", agregó. Para Suárez, "Iglesias se está negando reiteradamente a entregar una información a la que la oposición tiene derecho para ejercer su trabajo", por lo que pidió que el presidente de la Cámara autonómica, el socialista Francisco Pina, "cumpla su función y haga algo más para mejorar la calidad democrática".

El portavoz popular recordó el caso de las esquinas del psiquiátrico, "donde el Gobierno tardó tres años en dar la información y, cuando ya se había cambiado al consejero, se pudo comprobar que aquella adjudicación se había hecho sin criterios válidos de valoración para darle la obra a quien se quisiera". Con ese ejemplo de una de las actuaciones más polémicas de las desarrolladas por el departamento de Obras Públicas, aseveró que la opacidad denunciada tiene como principal objetivo "intentar esconder el trato de favor que se le otorga a determinadas empresas".

Suárez recordó que a finales de la legislatura pasada Marcelino Iglesias aseguró desde la tribuna de las Cortes que había dado orden a sus consejeros de responder a todas las preguntas y solicitudes de información de la oposición. "Está claro que no se ha cumplido esa promesa, que ha mentido una vez más a la opinión pública aragonesa", apostilló. También comentó que muchas de las respuestas que constan como tales se han limitado a decir que la oposición no tiene derecho a conocer determinados aspectos y actuaciones de la administración pública.

El portavoz popular remarcó que "la transparencia es básica para el correcto funcionamiento de la democracia" y anunció que su grupo va a volver a formular las preguntas, tras lo cual pedirá el amparo del Justicia y el del presidente de las Cortes. Y si esas gestiones no dan frutos, tiene decidido acudir a los tribunales, un extremo sin precedentes en la comunidad, aunque ya ha sido probado con éxito en algún ayuntamiento español.

"Preferimos que el Gobierno cumpla con su deber y no tener que llegar a la vía judicial", dijo Suárez, "pero queremos saber la verdad y de ningún modo vamos a permitir que se pretenda ocultarla a la ciudadanía".