El Gobierno central ha dispuesto en los Presupuestos de 2010 de una partida extraordinaria de 1.075 millones de euros para "posibilitar el cumplimiento en inversiones" de los nuevos Estatutos. El acuerdo excluye de forma expresa a Aragón al señalar solo a Cataluña, Castilla y León y Baleares como posibles beneficiarios de este dinero.

Según el proyecto de Presupuestos enviado por el Ejecutivo socialista al Congreso, el Gobierno se compromete a garantizar para estas tres Comunidades con estos 1.075 millones "los posibles déficits de ejercicios anteriores" que pueda tener el Estado con ellas fruto de sus respectivos Estatutos de Autonomía. Además, el Ejecutivo también se compromete a revisar al alza el dinero que tienen asignado en las Cuentas para 2010 estas tres Comunidades en caso de que se determine que incumplen los distintos preceptos estatutarios.

En la disposición de los Presupuestos que incluye este régimen diferencial, el Gobierno central olvida a tres Autonomías también con Estatutos renovados en el último periodo: Aragón, Valencia y Andalucía. En el caso andaluz, el Gobierno ya tiene un acuerdo que compensaría un posible desfase, que en cualquier caso no se produce una vez que el proyecto enviado por el Ministerio de Economía recoge exactamente lo que pide el Parlamento de Andalucía: el 17,7 % de la inversión total.

Valencia sí comparte destino con Aragón. Esta Comunidad también ha visto cómo el Gobierno central recortaba su inversión total y su peso dentro del reparto entre Autonomías. Sin embargo, la diferencia con Aragón es que el Estatuto valenciano fue previo al catalán, por lo que no incorporó las cláusulas sobre inversión que el Gobierno innovó para Cataluña y que las siguientes Autonomías (incluida Aragón) que han reformado su texto sí han incluido.

La incorporación de Castilla y León al grupo de Cataluña y Baleares ha sorprendido en diferentes entornos, aunque tiene sentido en cuanto que es el último texto que se va a renovar y por tanto incluye las mejoras que han ido innovando el resto. Algunas fuentes recuerdan además que el Gobierno lleva ya más de un año tomando decisiones especiales a favor de esa Autonomía, al considerar el PSOE que tiene posibildidad de conseguir su Gobierno en las elecciones de 2011. Como dato, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha enviado ahí como candidato a Óscar López, que hasta ese momento era su mano derecha en la sede del PSOE federal.

Una vez que el Congreso de los Diputados apruebe estos Presupuestos, el Gobierno central impulsará con Cataluña, Baleares y Castilla y León un acuerdo por el que se repartirán estos 1.075 millones. Como criterio para repartirlos entre los tres, el Ejecutivo valorará las diferencias entre la programación de inversiones y los propios Estatutos.

En el caso de Aragón, no se podrá acceder a este reparto. Y esto a pesar de que el Estatuto se supone que obliga al Gobierno a ponderar siempre el dinero que vaya a invertir en Aragón con su superficie. A falta de enmiendas, los Presupuestos destinan a Aragón el 4,1 % de todas las inversiones. Para evitar complicaciones con el PSOE aragonés y su socio en la DGA, el PAR, el propio Gobierno central determina en el proyecto de Presupuestos que esta cifra "cumple" con el Estatuto de Aragón. Se da la circunstancia de que el pasado ejercicio también se incluyó un precepto similar. Entonces se dijo que el cumplimiento estatuario se enmarcaba en el 4,4%. Es decir, en solo un año se ha rebajado la interpretacion del Estatuto 0,3 puntos, que equivalen a 70 millones de euros.

Cambios en el Congreso

Ante la evidencia de este desfase, el propio Gobierno central podría aceptar algún cambio en el texto durante la tramitación parlamentaria. En cualquier caso, esta situación ya se dio en 2008 y finalmente no se aceptó modificar esta discriminación. Ahora, según el presidente del PAR, José Ángel Biel, este partido podría pedir a través de una enmienda que se transfiera a Aragón el dinero no ejecutado. Una posible forma sería exigiendo vía enmienda que se incluya a la Comunidad en ese fondo especial para el cumplimiento de los Estatutos.

El problema que hace que esta situación se repita cada año es que las Cortes de Aragón no han definido todavía de forma clara qué obligaciones conlleva el Estatuto de Aragón para el Estado. Esta circunstancia es la que permite al Gobierno central ignorar sistemáticamente a Aragón cuando toca hablar de garantizar un mínimo de inversión estatal.