El Gobierno central negó ayer haber negociado en 2007 con la Generalitat de Cataluña "un pacto de silencio" hasta después de las elecciones generales sobre el trasvase del Segre. La acusación formal la había hecho el consejero de Medio Ambiente catalán, quien aseguró que la ministra Cristina Narbona fue informada en noviembre pero que pidió silenciar el asunto para evitar problemas electorales.

La ministra optó ayer por callar, aunque desde su Ministerio negaron cualquier tipo de pacto de silencio. Solo admitieron que el Gobierno central adquirió el compromiso "de garantizar el suministro de agua para la población y para ello se sigue trabajado en la identificación de alternativas". En el comunicado enviado, el Gobierno ni confirma ni niega si la Generalitat les había trasladado antes de 2008 la intención de un trasvase del Ebro.

La decisión de ayer de Narbona de no responder a la alusión directa se podría mantener durante algunos días. De hecho, fuentes del Ministerio indicaron ayer que la previsión respecto a los actos que tiene hoy en agenda es la misma que la de ayer: es decir, no contestar a preguntas sobre este asunto. Está por ver si conseguirá mantener esta actitud durante una semana (el tiempo que seguirá como ministra en funciones).

El presidente catalán, José Montilla también evitó ayer entrar en materia. El PP le preguntó en el Parlamento autonómico "quién mentía", si el consejero o la ministra. Montilla se limitó a contestar que la Generalitat no había enviado aún "una petición formal" al Gobierno para que autorizase un posible trasvase. Además, el PSC junto a ERC y a ICV rechazaron una iniciativa de CiU en la que se exigía que, antes de aprobarse cualquier trasvase, debía debatirse en esa Cámara.

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, también se pronunció, aunque para negar que la DGA se crea el dueño del Ebro, como había denunciado el socialista Joaquín Leguina.

Iniciativas parlamentarias

Los grupos parlamentarios del PP e IU en las Cortes de Aragón presentaron ayer sendas iniciativas sobre el proyecto del trasvase del Segre a Barcelona para ser debatidas en la Cámara autonómica. Las dos formaciones solicitan el rechazo de esa transferencia de caudales hídricos, aunque con diferencias argumentales.

La moción del PP reclama un gran pacto nacional sobre política hidráulica y la "inmediata ejecución de las obras recogidas en el Pacto del Agua", además de solicitar un "pronunciamiento rotundo" de las Cortes sobre el "peligro" que supondría para la Comunidad la propuesta del Gobierno de Cataluña.

La iniciativa de IU manifiesta el "rotundo rechazo" a "cualquier trasvase de la cuenca del Ebro". Además, exige a la DGA que se dirija al Ejecutivo central para que no autorice el trasvase del Segre y que reclame a la Generalitat los informes que puedan justificar su demanda de caudales y las medidas de ahorro que hayan sido adoptadas en Barcelona y su área metropolitana durante los últimos tres años.

En cuanto al PAR, que presentó ya una iniciativa la pasada semana, su portavoz Javier Allué instó al consejero de Medio Ambiente catalán a acatar el Estatuto de Aragón.