El Gobierno central estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA) en uno de sus artículos más decisivos. En concreto, la divergencia está en el precepto que regula el derecho de Aragón a emitir informes cuando otra administración planifique una obra que pueda tener repercusión en la Comunidad Autónoma. Este artículo se planteó para defender a Aragón de posibles planificaciones trasvasistas o de obras de infraestructuras con un fuerte impacto en la Comunidad.

El problema está en que la ley que aprobó el Parlamento autonómico señala que el informe que emita Aragón será "determinante" para el Gobierno central, lo que no acaba de gustar en Madrid. En este sentido, ambas administraciones han abierto un período de conversaciones (se han producido en el seno de un subgrupo de la comisión bilateral Aragón-Estado) para intentar llegar a un acuerdo.

Además, han trasladado al Tribunal Constitucional esta situación, lo que permite que el Gobierno no recurra de inmediato ante el TC el artículo en cuestión sino que se den un plazo para intentar solucionarlo.

El problema está en que la única solución viable para el Gobierno central pasaría por modificar la ley, lo que no parece sencillo en Aragón. En cualquier caso, desde la DGA hay voluntad de negociación con Madrid, siempre que acepte un planteamiento que respete lo que ya reconoce el Estatuto de Autonomía. Además, remarcan que con "determinante" no quiere decir que suponga una imposición al Estado.

En la negociación, el Gobierno central ha trasladado que considera muy oportuno que la DGA pueda hacer informes sobre proyectos estatales cuando afecten a Aragón, pero siempre que no pretendan imponer su sentido.

Igual que con Cataluña

No es el primer problema de este tipo que tiene el Gobierno central con una Autonomía. Ya planteó la amenaza de un pleito ante el TC a Cataluña, que incluye también en normas autonómicas el derecho de la Comunidad a hacer informes "prevalentes" en proyectos estatales.