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CUENTAS PÚBLICAS

El Gobierno central aprobará en marzo el decreto de la deuda tributaria

El Consejo de Estado le dará el visto bueno este jueves. El texto mantiene el recinto de la Expo, pero excluye La Caridad.

El Consejo de Ministros aprobará este mes de marzo el real decreto por el que el Estado se compromete a compensar a Aragón por las mermas tributarias. En estos momentos, el texto está aún en el Consejo de Estado, que lo validará en su plenario esta semana. Todo apunta a que no habrá ningún problema, una vez que su comisión permanente lo analizó el pasado jueves y propuso su aprobación sin variar ningún aspecto de la propuesta enviada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

 

Hay que decir que esa propuesta no es exacta a la que vendieron públicamente los diferentes cargos políticos en el momento de firmar el acuerdo, en septiembre de 2009. Los cambios se deben sin embargo a cuestiones que han llegado a calificar "de fuerza mayor". Así, uno de los edificios que iba a ceder el Gobierno central a la DGA en realidad es del Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de La Caridad, que era uno de los vértices del citado pacto.

 

La equivocación en la que incurrieron se debe a que efectivamente el uso del edificio es del Estado, pero no la propiedad, que parece ser municipal. En este sentido, según informan desde el Gobierno central, el Ayuntamiento de Zaragoza le cedió ese edificio en el siglo XIX, pero a cambio de que en él se ofreciese un servicio social. Esto haría legalmente inviable (a no ser que el Ayuntamiento renunciase a esa propiedad) que el Estado transfiera un edificio que en puridad no es suyo.

 

Dicho esto, de momento no consta que se haya sustituido esa propiedad por otra de la misma importancia, a pesar de que el Gobierno aragonés había asegurado que si se caía algún edificio del acuerdo se sustituiría por otro.

 

Aunque no hubiese finalmente sustituto para La Caridad, al menos aseguran que la Expo llegará totalmente limpia de cargas. Ahora la única carga en sí que asumirá el Gobierno de Aragón es el reto de llenarlo con algo más que edificios de la propia administración pública, tarea que se antoja complicada y problemática por las consecuencias que tendrá para el centro de Zaragoza el traslado al recinto de la Expo de un alto número de trabajadores públicos.

Un pueblo del Pirineo, cedido

El acuerdo que validará el Consejo de Estado tiene su parte más surrealista en una petición que hizo la DGA al Gobierno central. El Ejecutivo PSOE-PAR quería un pueblo del Pirineo entero, Búbal, para así ceder su uso a Aramón. El Gobierno central aceptó esta pretensión.

 

Este enclave del Pirineo, situado entre Biescas y Escarrilla, había acabado en manos del Ministerio de Educación tras un trasiego administrativo. Ahora podría convertirse en un lugar en el que alojar a los trabajadores del sector de la nieve durante la temporada.

 

Además del pueblo de Búbal y del recinto de la Expo, la DGA recibirá también la antigua sede del Banco de España en Huesca y Teruel, dos parcelas en el barrio de Casablanca y una en el de Las Fuentes, en Zaragoza, además de unos pisos de oficinas en el paseo de Fernando el Católico y parques de maquinaria.

 

Este contencioso ha tenido sus consecuencias fuera de Aragón. En concreto, varias Comunidades se han presentado ante el Ministerio de Economía y Hacienda exigiendo el pago también de sus mermas tributarias. Como solo el Estatuto de Aragón establecía ese derecho, el Gobierno central se ha negado a aceptar esas reivindicaciones, al menos de momento.

 

La Autonomía que ha estado más activa en esa reivindicación ha sido Madrid, que ha acusado al área que dirige Carlos Ocaña de deslealtad, al "privilegiar" a una autonomía del PSOE frente a las del PP. La evidencia de que los Presupuestos del Estado tratan a Aragón aún peor que a Madrid hizo que esta crítica no perdurase.

 

De todas formas, el Gobierno que encabeza la popular Esperanza Aguirre sí ha llegado más lejos. Considera que, haciendo la traslación de los cerca de 500 millones (que en ningún caso se cobrarán en efectivo), a Madrid le deberían dar unos 2.900 millones, a pagar en cuatro años. Para cuadrar así unos presupuestos expansivos, ha llegado a incorporar ese pago (que el Gobierno central no le reconoce) en el apartado de ingresos de las cuentas autonómicas.

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