El Gobierno asegura que la DGA no se opone al trasvase del Ebro a Barcelona

El Ejecutivo PSOE-PAR no rechazó ayer el decreto que impone el trasvase del Ebro en la reunión organizada por el Gobierno central para conocer las posturas de todos los territorios, según afirmó la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural, Elena Espinosa. "Ninguna comunidad autónoma lo ha rechazado", aseveró con satisfacción al ser preguntada por si efectivamente Aragón se había posicionado en contra del decreto. Esta versión cuadra con lo que señalaron diferentes fuentes autonómicas y estatales, pero no con la que explicaron desde la Consejería de Medio Ambiente, que detallaron la intervención de Alfredo Boné en el plenario reivindicando entre otras cuestiones el mismo trato para los 184 municipios con problemas de abastecimiento en Aragón.

Más allá de la difusa postura mantenida por el representante de Aragón en el encuentro oficial, el resto de las comunidades, ya estén en manos del PP o del PSOE, manifestaron a la ministra su apoyo al trasvase del Ebro a Barcelona. Eso sí, al menos esa unidad trasvasista no lo fue tanto en las argumentaciones, que fueron en algunos casos opuestas.

En cuanto a los representantes socialistas, negaron que jurídicamente se pueda definir como trasvase la medida aprobada en el decreto y consideraron que era la medida adecuada dentro de la actual política hidráulica. Según explicaron, la decisión del trasvase del Ebro a Barcelona para abastecer a la ciudad se trataría "de un compromiso unívoco" con las políticas de Estado.

En el PP, cerraron todos filas a favor del trasvase aprobado. Así, argumentaron que supone un primer paso en la "rectificación de la política hídrica" que había marcado el PSOE la pasada Legislatura. Además, optaron por obviar su amenaza de recurrir ante el acuerdo del Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional. De esta manera, si las comunidades del PP no lo hacen y el Ejecutivo aragonés permanece en su indefinición actual, podría ocurrir que el decreto que impone el trasvase del Ebro a Barcelona siga su curso sin ni siquiera afrontar la prueba de los tribunales.

Las diferencias entre las comunidades autónomas del PSOE y del PP llegaron también porque, al menos de momento, en el PSOE no se reclaman más "conducciones de agua" a otras cuencas (según la terminología oficial) y en el apoyo del PP a la ministra está en realidad una exigencia a la vuelta del macrotrasvase del Ebro aprobado por el Gobierno de José María Aznar. Aunque la portavoz oficial nombrada por el PP (la representante de Castilla y León) obvió exigir esa obra, otros no fueron tan prudentes.

En cuanto a la posición marcada por la ministra, dejó claro que con el decreto de conducción de agua lo que busca es evitar un problema "que pueden tener más de cinco millones de habitantes". Para poner en situación al auditorio de que es una cuestión excepcional, coyuntural y en principio única, aseguró que "Barcelona se encuentra en una situación de emergencia".

La ministra Espinosa indicó tras la reunión para remarcar el apoyo obtenido que "todos los consejeros entendieron que había que actuar con rapidez". Además, para satisfacer a las comunidades que reclaman agua, se remitió al propio contenido del decreto y reiteró que "en casos excepcionales se adoptarían medidas iguales".

Lo que no explicó la ministra es por qué ha convocado a las comunidades autónomas después del decreto y de cerrar el acuerdo con Cataluña y no antes. Como dato, el Estatuto de Aragón, que es una ley orgánica, marca que antes de sacar adelante un trasvase, el Gobierno central debe propiciar el acuerdo entre las comunidades autónomas afectadas.

En este caso, el Gobierno central ha intentado el acuerdo, pero después de aprobar el citado trasvase. Además, aunque según su versión sí lo ha conseguido, desde Aragón se sostiene que aún no se ha dado apoyo a la obra.

El presidente Iglesias, informado

El convencimiento de la ministra de que el Gobierno de Aragón sí apoya el trasvase podría venir de conversaciones previas con el presidente aragonés, Marcelino Iglesias. Según explicó el pasado viernes la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el líder aragonés fue puntualmente informado del plan que entonces estaban pactando el Gobierno central y la Generalitat. La persona que contactó con él fue precisamente la ministra, según indicó la vicepresidenta.

Otras fuentes llegan a decir que el Gobierno de Aragón conocía desde hace ya varias semanas la decisión de aprobar el trasvase por decreto. Una escena ocurrida en el Congreso en el debate de Investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, al que asistió Iglesias, puede encajar con esa versión de los hechos.