El Gobierno aprueba la "conducción urgente" de agua a Barcelona y niega que sea un trasvase

El primer Consejo de Ministros de la legislatura ha aprobado el real decreto que permitirá llevar desde Tarragona a Barcelona agua del Ebro. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha subrayado que la medida no se trata de un "trasvase" sino que es una "conducción urgente" del agua que ya estaba en circulación, por lo que no afectará al caudal del río. 

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta justificó la medida por "una situación de emergencia". "Si no actuamos, los ciudadanos de Barcelona se encontrarán sin agua para beber. Cinco millones de ciudadanos tendrían problemas de suministro. Un Gobierno responsable debe atender esta emergencia. Sería irresponsable no hacerlo", manifestó.

De la Vega dijo que sería "imperdonable e irresponsable" no llevar agua a Barcelona, y observó que la opción elegida para hacerlo se ha puesto en marcha durante los últimos años también para asegurar el suministro en ciudades como Benidorm o Valencia.

Subrayó la importancia de evitar "prejuicios y falsedades que crispan y enfrentan a unos españoles con otros", e incidió en que las medidas aprobadas hoy responden a una situación de emergencia por la cual los ciudadanos de Barcelona, dijo, se encontrarían en octubre sin agua para beber.

La vicepresidenta explicó que los gobiernos central y catalán han estudiado diferentes alternativas para garantizar el suministro a Barcelona, y se mostró convencida de que la elegida es "la mejor opción" y la más sostenible, ya que no se va a detraer "ni una sola gota más del Ebro".

El Decreto-Ley trata de evitar durante un período de nueve meses restricciones en la disponibilidad de agua para consumo humano, que afectarían a los cinco millones de habitantes abastecidos por el Sistema Ter-Llobregat de persistir la actual situación de sequía, según informa el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.

De este modo, con esta medida se amplía el ámbito territorial de la Ley 18/1981 al Sistema de Abastecimiento Ter-Llobregat, que sirve a las poblaciones afectadas por esta situación de emergencia. También se establece que las infraestructuras de conexión podrán ser utilizadas para los contratos de cesión de derechos de agua regulados en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

La vicepresidenta precisó que la sequía que ha afectado a España en los últimos cuatro años, "una de las peores de la historia", ha obligado al Gobierno a poner en marcha "medidas estructurales" y a aportar "soluciones para todos y para siempre".

No obstante, apuntó, en el futuro España tendrá que afrontar el debate del agua para garantizar de un modo estructural el agua para consumo humano y para riego, algo que "no se puede hacer desde la confrontación ni hablando de guerra, sino desde la serenidad y el diálogo y sin anteponer los intereses electorales a los intereses de los ciudadanos", advirtió.

Aseguró que la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha estado en contacto con todas las comunidades autónomas y que este sábado se reunirá con todos los responsables autonómicos, porque el Ejecutivo "apuesta por el diálogo, el trabajo bien hecho y la solidaridad", insistió.

Explicó que se utilizará la cesión de derechos de los regantes y aseguró que "no va a haber problemas, y anunció que los responsables de Medio Ambiente van a convocar a una reunión a las comunidades de regantes del río para cerrar los acuerdos.

Respecto al informe solicitado por el Gobierno de Aragón para evaluar la posible inconstitucionalidad de la medida, De la Vega dijo que el Gobierno "atenderá todos los informes", pero se mostró convencida de "será favorable, como el del Consejo de Estado".