ADMINISTRACIÓN

El futuro de las diputaciones y de las comarcas enfrenta a los partidos políticos

La comarcalización se puso en marcha para mejorar y cubrir servicios de las diputaciones y de la DGA, pero se ha convertido en un arma política.

La fuerte polémica por el futuro de las comarcas y las diputaciones provinciales tiene dos claves. Una política, por el control del poder y la influencia electoral. Y otra económica por el incremento del gasto público, el solapamiento de competencias y la duplicidad de servicios y de personal. Eso sin contar el clientelismo y el aumento de nóminas en cargos de designación partidista. Aquí cada uno cuenta la guerra según le conviene, porque no hay que olvidar que la Ley de Comarcalización, su desarrollo, creación y constitución fueron aprobadas y apoyadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón.

También es cierto, que la puesta en marcha de las comarcas estaba pactada a coste cero (funcionarios y competencias cedidos por las distintas administraciones, que además "adelgazaban" sus infraestructuras y sus gastos de personal y de bienes y servicios) y tenía como objetivo principal las prestaciones de servicios públicos y asistenciales a los ciudadanos, agilizar y facilitar los trámites administrativos y, por decirlo de alguna forma, concentrar en un solo referente a los municipios más pequeños y de menor capacidad financiera. Todo el mundo sabe que la dispersión municipal en Aragón es uno de los problemas más graves.

El papel de las diputaciones provinciales está obligado a cambiar de rol, pero no de importancia, como dejan claro los tres presidentes y al margen del enfrentamiento entre Javier Lambán (DPZ) y el consejero de Política Territorial, Rogelio Silva (PAR). de hecho, las diputaciones llegan a los pueblos donde no llegan el resto de administración públicas, aunque tenga competencia "impropias", como resalta Salvador Ariste (CHA), que debería ejercer el Ejecutivo aragonés. La investigación en el sector agroalimentario podría servir de ejemplo.

De momento no se profundiza en esta polémica sobre el hecho de que la Administración central mantiene una infraestructura con un alto gasto, en cargos y delegaciones, pese a que hay muchas competencias ya transferidas (educación, sanidad, servicios sociales, vivienda...).

De todas formas en esta polémica hay una cuestión fundamental: el control de las comarcas permite tener una presencia política y jugar un papel institucional, y electoral, muy por encima de la representación real del voto directo. Ningún partido protesta cuando obtiene beneficios y todos cuestionan las comarcas y las diputaciones si pierden el control político y financiero (también de influencia orgánica en los partidos) que emanan de ellas.

Es evidente que el PAR sería la organización que obtendría mejor rendimiento electoral y político si se refuerzan las comarcas y se adelgazan las diputaciones, porque es el que tiene más implantación en los pequeños municipios. Lo de CHA es más relativo, pese a llevar tres legislaturas con un pacto con PSOE y PAR en en las instituciones provinciales. Ariste resalta en su discurso el gasto y el destino de los fondos públicos. Las diputaciones destinan el 75 % del presupuesto a gastos corrientes y casi doblan el de personal al total de las comarcas.

Todos los partidos admiten que hay solapamientos y duplicidad. El más directo es Barrena (IU) quien señala que "las arcas públicas no pueden mantener a ambas administraciones". El PP mete el dedo en las comarcas, el PSOE pide consenso. Y el PAR, como CHA, se la juega a favor de las comarcas. En 2011 hay elecciones.