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JACETANIA

El fiscal sostiene que el juez de Jaca erró en la acusación a los policías imputados

El ministerio público considera que no existe ninguna organización delictiva para traficar y que el instructor se ha equivocado al aplicar un artículo recién modificado en el Código Penal.

Entrada de la comisaría de Jaca, donde están destinados los siete policías imputados.
El fiscal sostiene que el juez de Jaca erró en la acusación a los policías imputados
LAURA ZAMBORAIN

La fiscalía de Huesca ha presentado un recurso contra el procesamiento del jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Jaca y seis de sus agentes, así como del propietario de un bar de la localidad acusado de tráfico de drogas, al considerar que la calificación penal de los hechos no es la correcta.

El fiscal, en la línea argumental que ya esgrimió en su recurso Enrique Trebolle, letrado del dueño del bar, considera que el artículo 369 bis de la reciente reforma del Código Penal no es de aplicación en el caso de su cliente, puesto que nunca se puede utilizar retroactivamente un tipo delictivo si es desfavorable para el reo. Ambos mantienen que la norma que debe aplicarse es la vigente cuando se produjeron los hechos investigados, que entonces no gravaba la pertenencia a un grupo delictivo.

En concreto, el nuevo artículo castiga con penas de 9 a 12 años el tráfico de drogas cometido por quienes pertenecen a una organización constituida para delinquir, hecho que el juez de Jaca atribuye a José María B. F., el dueño de los dos bares de Jaca. Ni el abogado ni el fiscal ven que existan pruebas de que este último sea el jefe de una organización criminal y, por lo tanto, la pena nunca podrá ser superior a nueve años y, por ende, la tramitación del caso no debe ser a través del sumario sino del procedimiento abreviado.

Esto no es baladí puesto que si no se instruye como sumario no se puede dictar un auto de procesamiento, que es lo que el juez de Jaca -ahora ya destinado en Tudela- hizo tanto con el dueño del bar como con los siete policías a los que acusa de encubrir al presunto traficante.

Si se aceptara el recurso, que ha sido presentado en reforma ante el propio juzgado, el auto de procesamiento quedaría sin efecto. No obstante, el caso se seguiría instruyendo como un procedimiento abreviado en el que el fiscal tiene la posibilidad de acusar o de pedir el archivo de las actuaciones si no aprecia delito, todo esto antes de que se decretase la apertura de juicio oral.

Por otro lado y respecto a los hechos investigados por el juez Ángel de Pedro, el fiscal considera que no son más que meros indicios que sí que pueden ser investigados pero sin entidad suficiente para hacer una acusación.

El entonces titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Jaca dictó el pasado 14 de enero -el último día al cargo de ese juzgado- el auto de procesamiento contra el jefe de la comisaría de Jaca y seis de sus agentes por encubrimiento, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos, entre otras imputaciones. En el mismo saco están otras cinco personas a las que acusa de tráfico de drogas.

 

Tres investigaciones distintas

El procedimiento se inició el 19 de mayo de 2009 y estuvo declarado secreto durante bastante tiempo. Durante ese periodo, el juez llamó a la Unidad de Asuntos Internos para que investigase a los funcionarios y, tras casi siete meses de pesquisas, que incluyeron seguimientos y pinchazos telefónicos tanto en la comisaría como en sus domicilios y móviles particulares, no llevaron a cabo ninguna detención entre sus compañeros.

En el sumario se acumulan hasta tres investigaciones distintas y los primeros hechos investigados se remontan a julio de 2008, cuando varios de los funcionarios procesados supuestamente orquestaron una coartada para encubrir al dueño del bar de Jaca, detenido por otros compañeros del Cuerpo Nacional de Policía por la supuesta venta de cocaína. La investigación que llevó a cabo el juez le llevó a concluir que los agentes, con la intención de proteger al arrestado, llegaron a falsear un atestado.

La abogada de tres policías, Pilar Sangorrín, también recurrió el procesamiento y pidió la nulidad de las actuaciones por una prueba pericial caligráfica que hizo el juez, para averiguar el origen de la firma de un detenido. El instructor cree que esa firma fue falsificada por uno de los policías, pero el agente y el arrestado lo niegan.

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