El fiscal pide tiempo para estudiar el caso de los siete policías de Jaca

El fiscal, que desde el principio se había mantenido al margen del sumario abierto contra siete funcionarios de la comisaría de la Policía Nacional en Jaca y contra cinco presuntos traficantes, ha entrado con fuerza en el caso. El 21 de enero, tan solo una semana después de que el juez de Instrucción número dos de la capital jaquesa procesara a los agentes por una docena de presuntos delitos, el fiscal solicitó la suspensión del curso de todo el procedimiento.

La juez de Instrucción número 1 -que sustituye a Ángel de Pedro Tomás, ya que este cesó en su destino el mismo día que firmó el auto-, accedió a su petición, lo que supone la interrupción de plazos, resoluciones y declaraciones. De hecho, tanto hoy como el próximo 31 de enero estaban previstos varios interrogatorios, que han sido aplazados sin fecha.

La razón del fiscal es estudiar el asunto antes de decidir si lo recurre o no. Los que lo han decidido ya son los abogados de los procesados. Tanto Pilar Sangorrín, en representación de tres agentes, como Gerardo Benítez, letrado de otros tres, y Enrique Trebolle, abogado del dueño de un bar imputado por tráfico de drogas, ya lo han hecho por distintos motivos.

Además, Pilar Sangorrín está pendiente de que la Audiencia de Huesca resuelva la petición que hizo de nulidad de todas las actuaciones, por una prueba pericial caligráfica que hizo el juez, para averiguar el origen de la firma de un detenido. El instructor concluyó que esa firma había sido falsificada por uno de los policías, pero el agente y el arrestado lo niegan.

Respecto al caso, la abogada entiende que el asunto dirigido contra los agentes «no tiene base probatoria de ningún tipo» y que son afirmaciones que hace el juez «sin ningún tipo de sustento». Sangorrín recordó que fue el propio juez el que llamó a la Unidad de Asuntos Internos para que investigase a los funcionarios de Jaca y que, tras casi siete meses de pesquisas, que incluyeron seguimientos y pinchazos telefónicos tanto en la comisaría como en sus domicilios y móviles particulares, «no encontraron nada irregular».

Por su parte, Gerardo Benítez, señaló que en el caso de sus clientes, la acusación de entrada y registro no autorizada en el domicilio de un ciudadano de origen colombiano por un presunto delito de tráfico de drogas «está fundada en meras suposiciones y conjeturas». Insistió en que esta imputación «no tiene base objetiva para defenderla» y se mostró convencido de que no se llegará a celebrar ningún juicio por ello.

Mientras, Enrique Trebolle manifestó que ha recurrido el auto porque, en su opinión, el cauce procesal no es el sumario sino el procedimiento abreviado. Además, el letrado cree que el juez ha aplicado a su cliente el artículo 369 bis de la reciente reforma del Código Penal , que castiga con penas de 9 a 12 años la pertenencia a una organización delictiva- cuando nunca se puede aplicar retroactivamente un tipo delictivo si es desfavorable para el autor.

Reacciones oficiales

Mientras, el subdelegado del Gobierno en Huesca, Ramón Zapatero, que en su día respaldó sin fisuras la labor de los policías investigados, guardó ayer silencio y no quiso realizar valoración alguna sobre el auto de procesamiento. Zapatero, a través de su gabinete de comunicación, se limitó simplemente a señalar que el auto todavía es «recurrible» y que, por tanto, prefiere esperar a ver cómo evoluciona el procedimiento.

Por su parte, el comisario provincial de Huesca, Antonio Placer, declinó hacer cualquier comentario sobre el caso tal y como está en estos momentos. Al preguntarle por el informe que envió a la fiscalía sobre un atestado en el que se explicaba que un detenido estaba presente en una inspección ocular de su domicilio cuando, en realidad estaba detenido en la comisaría, tampoco quiso decir nada y tan solo dijo que cree que «está redactado con mucha claridad». Por otro lado, recordó que, en contra de lo publicado, sí que hay expedientes disciplinarios abiertos, a expensas de la resolución judicial final. Siempre que se encarta a un funcionario se practica una información interna para ver qué hechos objetivos graves existen. Tras hacer una valoración y, si se considera necesario, se proponen medidas. En este caso se valoró no adoptar ninguna.